La defensa de Iván Federico Goldstein salió a ponerle freno a la acusación y dijo que acá no hubo delito. Para Rubén Pontoriero, el asunto viene por contratos, deudas y papeles, no por una maniobra penal.
La causa quedó formalizada este jueves por la Justicia Penal de San Juan y gira en torno a una denuncia por presunto desbaratamiento de derechos acordados. El foco está puesto en la entrega de departamentos de los edificios Catamarán, un expediente que ya arrancó con ruido.
“No se ha cometido ninguna irregularidad ni ningún ilícito”, aseguró el abogado en un medio local. Según su postura, esto es un conflicto de tinte civil y se está usando la vía penal para adelantar una decisión que, dice, corresponde a otro ámbito.
Pontoriero explicó que el problema nació por una cadena de contratos y cesiones de derechos. Mencionó a Elías Daher, Carlos Icazati y Manuel González, vinculados a la cadena de supermercados Café América, y sostuvo que la deuda por cada departamento rondaba entre 240.000 y 260.000 dólares.
La defensa afirma que esos montos no fueron abonados y que Goldstein activó una cláusula prevista en los acuerdos. “Si no se paga, se resuelve”, resumió el letrado, que también puso en duda los comprobantes y habló de un documento con “nulidad absoluta” que ahora se discute en la Justicia Civil. ¿Terminará pesando más el contrato que el bardo judicial?