En Calingasta se encendió un debate de fondo y con peso propio. El Concejo Deliberante aprobó la Comunicación N° 050-CD-2026, con un pedido claro al Departamento de Hidráulica de San Juan: que los fondos que llegan por cánones y derechos de agua pagados por las empresas mineras que trabajan en la zona se vuelquen otra vez al sistema hídrico del departamento. La discusión no es menor, porque en el oeste sanjuanino sienten que el recurso se usa, pero el retorno tarda demasiado en aparecer.
El concejal Heber Tapia fue directo y dejó una frase que marcó el tono del reclamo: "Dejar de pedir arreglos y exigir equipos nuevos". Su planteo apunta a la situación delicada de la infraestructura hídrica local, donde la llamada monda —la limpieza de canales— debía hacerse en marzo y todavía sigue demorada por problemas en el proceso de licitación. El presupuesto ronda los 140 millones de pesos, pero entre los regantes crece la bronca por la falta de respuestas de Hidráulica.
Según se explicó, la licitación de la monda se cayó porque las empresas que se presentaron no cumplían con los requisitos pedidos. Para Tapia, el asunto es bastante simple: no alcanza con arreglar máquinas que ya tienen 15 años de uso, sino que hay que aprovechar lo que genera el propio departamento para comprar equipamiento nuevo. En ese sentido, lanzó otra definición filosa: “Calingasta no te tiene que pedir a vos que arregles una máquina, te tiene que pedir que compres, porque te está dando toda la guita”.
El debate se potenció cuando se pusieron sobre la mesa los números que dejan los proyectos mineros por concesiones de agua temporarias. Tapia mencionó el caso de Los Azules, cuyo canon se estima en unos 5 millones de dólares, cerca de 8.000 millones de pesos. A eso se suman otros emprendimientos con actividad en la zona, como Altar, Pachón, Coipita y Casposo, además de una lista más amplia que incluye Yunque, Rincón de Araya, San Francisco, Piuquenes, Vanesa, Calderón/Calderoncito, Río Salinas y Manantiales. Todos usan el recurso hídrico y, según la comunicación aprobada, eso debería traducirse en inversiones visibles para el territorio.
La iniciativa aclara que no busca crear nuevos impuestos, sino ordenar la distribución con un criterio más justo para el departamento. Hoy, el Código de Aguas concentra la administración de esos fondos en una estructura central, y eso es justamente lo que Calingasta cuestiona. El objetivo final es reforzar el parque automotor de la Junta de Riego de Calingasta y asegurar la conservación de canales, tomas y quebradas aluvionales. Desde el ámbito local insisten en que el desarrollo minero tiene que servir también para apuntalar a la agricultura y a las demás actividades productivas, no quedarse solo en los papeles.