El tironeo por el financiamiento universitario sumó otro capítulo, y esta vez fue en una audiencia judicial. Martín Cormick, juez de 1° instancia Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal, reunió a rectores y representantes del Gobierno.
La cita fue para intentar ordenar un conflicto que viene de arrastre por la falta de aplicación de la Ley 27.795. En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a la Nación a aplicar dos artículos de esa norma.
Esos puntos habilitan la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles, dos temas que en las universidades no se miran con cariño precisamente. La audiencia, impulsada a pedido de la UBA y con conformidad del Gobierno nacional, reunió también al Consejo Interuniversitario Nacional y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Pero no hubo mambo de definiciones. El juez se limitó a escuchar la postura de cada parte y todo quedó asentado en un acta firmada por los presentes.
El conflicto nació con el Decreto 759/25, que condicionó la aplicación de la ley sancionada por el Congreso en 2025. Después vinieron el veto de Javier Milei, la ratificación legislativa y las movilizaciones universitarias; ahora, la pelota sigue picando en la Justicia, ¿cuándo se define de una vez?