La Justicia Federal de La Plata dio un nuevo paso en el amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz para reclamar la reactivación de obras y el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. El juez Ernesto Kreplak dispuso que la causa quede inscripta como proceso colectivo, al considerar que el planteo alcanza a quienes usan o pueden usar la red vial nacional.
En el marco del pedido de una medida cautelar urgente, el magistrado ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco de la Nación Argentina que presenten, en un plazo de tres días, los informes previstos por la Ley 26.854. También fijó un plazo de 10 días para que las demandadas respondan con los informes del trámite del amparo establecidos por la Ley 16.986.
Tolosa Paz señaló que se trata de una decisión “muy importante” y sostuvo que el reclamo busca garantizar el derecho a la vida de quienes usan esas rutas todos los días. Además, dijo que la presentación está respaldada por una investigación de dos años y unas 800 hojas de documentación, con datos sobre las cuentas de inversión del Banco Nación, la compra de letras y títulos del Tesoro y el destino de los fondos para infraestructura vial.
La diputada también advirtió que el Gobierno podría intentar justificar la falta de uso de esos recursos con la necesidad de ordenar la macroeconomía. En ese sentido, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que “va a tener que abrir esa caja y poner los recursos donde tienen que estar: en las rutas”. El planteo se apoya, entre otros elementos, en la existencia de “más de un billón del SisVial colocados en inversiones financieras”, mientras las rutas nacionales siguen deteriorándose.
La preocupación, además, pasa por la seguridad vial. Según los datos incorporados al amparo, en el primer semestre de 2026 la Ruta Nacional 5 ya registra más víctimas fatales que en todo 2025. Para Tolosa Paz, no se trata de una discusión de números, sino de vidas que se pierden mientras habría recursos disponibles y obras financiadas que deberían estar en marcha.
El amparo también menciona obras estratégicas en las rutas nacionales 3 y 5, con financiamiento por 100 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que no se estarían ejecutando según los compromisos asumidos. Ahora, la próxima instancia será el análisis de la medida cautelar pedida por Tolosa Paz, mientras sigue abierto el proceso colectivo sobre el fondo de la cuestión.