El oficialismo consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, pero con un cambio clave para destrabar apoyos: quedaron afuera los funcionarios públicos de los beneficios del régimen.
La jugada se dio después de las objeciones de los aliados y en medio de un debate que siguieron de cerca especialistas y el titular de la UIF. En total, el despacho de mayoría reunió 44 firmas y ahora el texto quedó listo para seguir camino hacia el recinto.
La modificación más sensible apunta a que los funcionarios de los tres poderes no podrán sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque sí se mantiene la posibilidad de exteriorizar dólares guardados o fondos no declarados para el resto de los contribuyentes.
Para la gente de a pie, la discusión no es menor: el proyecto busca ordenar la relación con los ahorros fuera del sistema, simplificar trámites y bajar la presión de ARCA sobre quienes cumplen. En criollo, promete menos vueltas para declarar y más claridad sobre qué se puede hacer con los llamados “dólares del colchón”.
Durante la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, expusieron José Ignacio Simonella, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y Oscar Fernández, junto con Matías Álvarez, titular de la UIF.
Simonella defendió la iniciativa y dijo que mejora la ley vigente, aporta más certeza jurídica y ordena puntos que habían quedado flojos en el texto original. También remarcó que no se trata de un blanqueo, sino de un esquema que limita la discrecionalidad del fisco y hace que la carga probatoria recaiga sobre ARCA.
Por su parte, Fernández sostuvo que el régimen simplificado no cambia la recaudación de la Nación ni de las provincias, porque el impuesto a pagar debería ser el mismo que en el régimen general. Además, insistió en que no es un blanqueo, sino un régimen de bloqueo fiscal.
Desde la UIF, Álvarez puso el foco en la economía informal y en el uso de efectivo que circula fuera de los canales formales. Según explicó, la reforma apunta a llevar esos fondos al sistema legal sin debilitar los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En el Congreso estiman que la iniciativa podría llegar al recinto dentro de dos semanas. Mientras tanto, el debate ya dejó en claro que el proyecto avanzó, pero con una señal política fuerte: los beneficios no alcanzarán a los funcionarios públicos.