El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, STVyARA, salió a marcar la cancha por la evaluación oficial de 26 nuevos tramos de rutas nacionales para concesiones privadas. En criollo: temen que la cosa termine en más peajes y menos asfalto.
Desde el gremio hablaron de un “ruticidio” y acusaron al Poder Ejecutivo de hacer un vaciamiento de Vialidad Nacional para empujar la privatización de más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional. El planteo viene con bronca y con números arriba de la mesa.
Según la documentación oficial que reconstruyó el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones para infraestructura vial. Pero de esa torta, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras, y ahí es donde el gremio dice que el asunto queda picando.
El dato que más ruido hizo es que, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón seguían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos. Después, el propio Ejecutivo admitió que parte de esos fondos los administraba el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
La titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó que se le pida a Vialidad Nacional controlar miles de kilómetros concesionados mientras se aprueba otro retiro voluntario para achicar personal. “No se puede exigir más control con menos Vialidad”, planteó. Y la pregunta queda servida: ¿cómo se cuidan las rutas si la plata está, pero el asfalto sigue esperando?