El Gobierno nacional ya afila la apelación contra el fallo de Martín Cormick, que le ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario. La jugada judicial promete otro capítulo de esos que se cocinan en tribunales y se discuten fuerte en la Rosada.
Según trascendió, la presentación se haría en los próximos días. Mientras tanto, en el oficialismo miran cómo seguir sin que la cuenta les explote de golpe, porque la norma implica gasto inmediato y no quieren quedar pagando.
El conflicto nació con el decreto 759/2025, por el que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Pero le metió una condición: que su aplicación quedara atada a definir de dónde salía la plata y a sumar las partidas al presupuesto.
El juez hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades nacionales, docentes y también por la UBA. En su resolución, cuestionó que el Ejecutivo haya usado una cláusula de otra ley para frenar, en los hechos, una norma que el Congreso volvió a aprobar con dos tercios.
Por eso ordenó el “cumplimiento inmediato” de la ley y el dictado de las reglamentaciones necesarias. Ahora la pelota la tiene el Gobierno, que deberá moverse rápido si quiere torcer el partido en la apelación, ¿o esta vez también le va a salir cruz?