El Gobierno nacional abrió la puerta a revisar las partidas de Discapacidad y Universidades en el proyecto del Presupuesto 2027. La idea es destrabar la rosca con sus aliados y los sectores involucrados, porque el arranque vino torcido.
En Balcarce 50 admiten que los cambios metidos al texto original desordenaron el esquema de acuerdos. Ahora quieren usar el debate parlamentario para acomodar el tablero y bajar un cambio en los dos frentes que más ruido hicieron.
En Discapacidad, el oficialismo busca evitar la prórroga de la Emergencia Nacional para 2027. A cambio, ofrece reforzar fondos, sostener compensaciones por el atraso acumulado entre 2023 y 2024 y armar un esquema permanente.
La discusión está en el nomenclador universal único por financiador, que el Gobierno quiere sacar para que cada prestador fije sus valores sobre una base mínima. Mientras tanto, la Secretaría de Discapacidad oficializó un aumento mensual del 1,7% para septiembre.
Con las Universidades pasa algo parecido: el proyecto oficial prevé $7,349 billones para funcionamiento e inversión, pero el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones. La diferencia es de $3,65 billones, y ahí está el nudo del asunto: ¿alcanzará la billetera para destrabar el Congreso sin seguir pateando la pelota?