El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó en la mira por una denuncia ante la Justicia federal. El planteo apunta al manejo de fondos nacionales para el Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, una obra que terminó en un verdadero bardo.
Según la presentación, la provincia aceptó cerrar el conflicto con la constructora MEGA por un monto muy por debajo de lo que se reclamaba. Los denunciantes sostienen que la multa debió rondar los $6.000 millones y no los $300 millones que quedaron en el acuerdo.
La obra había sido contratada en agosto de 2022 con un presupuesto original de $4.560 millones. En julio de 2023, la provincia le pagó a la empresa un anticipo financiero de $454 millones, cubierto por una póliza de caución.
Después vino el enredo: en 2023 se aplicó una multa de $1.963 millones por incumplimientos y en abril de 2024 se rescindió el contrato. MEGA fue a la Justicia y, más tarde, el gobierno de Jalil avanzó con un acuerdo conciliatorio que cerró el conflicto.
La denuncia pone la lupa sobre ese arreglo. Dice que no hubo una evaluación económica seria para justificarlo y que los fondos eran nacionales, transferidos para una obra específica. O sea, no era plata para hacer la vista gorda y seguir como si nada.
El escrito también pide revisar el movimiento de esos recursos, hacer una pericia contable y preservar los expedientes. Ahora la pelota quedó en la Justicia federal, que tendrá que mirar si el acuerdo fue un cierre razonable o si alguien hizo cuentas demasiado generosas, ¿no?