Lo que empezó como un cruce por una relación de pareja terminó en una causa judicial y, ahora, en una salida que busca bajar la tensión en el barrio. Dos mujeres que se denunciaron mutuamente por agresiones físicas acordaron reparar el daño con un aporte económico para una institución de San Juan.
La resolución fue homologada por la Justicia y establece que Yanina Maribel Segura Galván y Giselle Mirna Puebla Macías deberán aportar $40.000 cada una a FUNDAME.
La medida se encuadró en la reparación integral, una herramienta prevista por el Código Procesal Penal de San Juan para algunos conflictos en los que se puede buscar una solución distinta al juicio penal tradicional.
Las dos tienen 10 días para cumplir. El dinero deberá entregarse a través de la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial.
Si se acredita el cumplimiento, la acción penal quedará extinguida y después podrá avanzar el trámite para el sobreseimiento.
El episodio que originó el caso ocurrió el 28 de abril de 2026, cerca del barrio Amecon 4, en Rawson.
Según la versión de Yanina Segura, ella iba en su vehículo cuando vio a su expareja, Víctor Poblete, junto a Giselle Puebla. Dijo que se acercó para hablar con Poblete y entregarle mercadería destinada a la hija que tienen en común.
La situación, sin embargo, se desmadró enseguida. Segura sostuvo que Puebla la insultó y después le pegó en el rostro. También reconoció que reaccionó empujándola y golpeándola antes de irse.
Del otro lado, Puebla presentó su denuncia con una secuencia distinta. Según su relato, Segura llegó hasta su casa y empezó a agredir físicamente a Poblete. Después, siempre de acuerdo con esa presentación, también la habría golpeado a ella.
Ante el conflicto, Puebla llamó al 911 y más tarde Segura se fue del lugar.
Ambas admitieron que ya había un problema previo ligado a la relación sentimental que Segura mantuvo con Poblete.
Con las denuncias cruzadas ya incorporadas al expediente, las partes manifestaron su voluntad de resolver todo mediante una reparación integral. La jueza que intervino entendió que correspondía aplicar ese mecanismo y que estaban dadas las condiciones que exige la ley provincial.
La Ley 1851-O contempla la posibilidad de usar herramientas alternativas para resolver ciertos conflictos y busca, cuando se puede, recuperar la armonía entre las partes y cuidar la paz social.
En este caso, el arreglo no quedó solo en lo económico. Las dos mujeres también asumieron el compromiso de no volver a enfrentarse y de sostener una relación adecuada, teniendo en cuenta que sus hijas mantienen un vínculo familiar entre sí.
En total, el acuerdo implica $80.000 para FUNDAME. Cada una deberá entregar $40.000 dentro de los próximos diez días, y la Oficina de Medidas Alternativas será la encargada de controlar que se cumpla.
La causa tuvo intervención de la UFI Genérica, con el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal María Alejandra Rossi. La coordinación estuvo a cargo de los fiscales Ignacio Achem y Daniela Pringles.
Así, una pelea que arrancó con golpes y terminó en una causa penal encontró una salida distinta: aportar a una institución sanjuanina y dejar asentado el compromiso de no volver a repetir el conflicto.