La investigación por la compra de 90 millones de pesos en computadoras para la Policía, durante la gestión anterior, sumó un dato que mete todavía más ruido. Fuentes oficiales confirmaron que las impresoras secuestradas habrían pertenecido a otra repartición del Estado. La sospecha nació cuando los peritos revisaron los equipos y mandaron a imprimir lo que había guardado en la memoria interna. Lo que salió a la luz fue material del Ministerio de Educación.
Con ese hallazgo, la causa empieza a mostrar que los aparatos no sólo no eran nuevos, sino que además podrían haber estado en uso dentro de otra área de la administración pública provincial. Por ahora hay cinco personas involucradas, entre ellas dos policías. Desde la fuerza ya avisaron que les abrirán un sumario administrativo, mientras la Justicia sigue tirando del hilo para ver hasta dónde llega el desorden.
El expediente tuvo un paso clave a comienzos de este mes, cuando el fiscal Roberto Ginsberg llevó el caso ante la jueza Flavia Allende y pidió un plazo de un año para investigar. La causa quedó formalizada por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra cuatro de los señalados. Según la pesquisa, durante el último año de la gestión pasada se compraron 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets con fondos enviados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero la provincia pagó por equipos que nunca llegaron a las comisarías.
El caso tomó más temperatura cuando el exjefe de la fuerza, Luis Walter Martínez, fue a la Justicia para que se investigue lo ocurrido. Después, el 4 de julio del año pasado, María de Lourdes Quiroga Coll, apoderada y administradora titular de SCH Emprendimientos SAS, presentó una nota en el Tribunal de Cuentas y aseguró que “los bienes estaban almacenados en un depósito privado, ubicado en calle Estados Unidos 685 Sur, Capital, propiedad de la firma Electro3”. Con una orden judicial, se allanó ese lugar y se secuestró material informático embalado, que coincidía con lo comprado por la Policía.
Pero la pericia posterior terminó de enredar todo: las computadoras no coincidían con las características técnicas del decreto de compra, no tenían la memoria RAM que figuraba en los papeles y, además, la licencia oficial de Windows había sido instalada apenas dos meses antes del hallazgo, cuando supuestamente los equipos ya estaban “entregados” desde hacía más de un año. En el caso de las impresoras, fuentes oficiales confirmaron que eran usadas. Como guardan en su memoria los últimos documentos impresos, al revisar ese material apareció documentación del Ministerio de Educación, una pista que ahora abre otra incógnita: si esos equipos pasaron por más de un área estatal o si todavía falta descubrir el verdadero recorrido de la mercadería.
La investigación sigue con plazo hasta dentro de un año, con la adhesión de la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en defensa de los intereses de la provincia. Hasta el momento, Quiroga Coll quedó apuntada por fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que prevé penas de dos a seis años de prisión. La misma calificación alcanza a Enzo Ariel Fava, Jorge Eduardo Santoni, Juan José Valverde y Juan José González, mientras que para estos dos últimos también se suma el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde la Secams, a cargo de Damián Villavicencio, confirmaron que avanzarán con un sumario administrativo sobre González y Valverde. Por ahora, González seguirá al frente de la Comisaría Buenaventura Luna, en Rawson, y Valverde continuará en la Sección Bomberos D-9. El único que, hasta ahora, pidió copia del expediente fue Fava, a través de su abogado.