La interna en Angaco sumó un nuevo capítulo y, como pasa cuando la política se mete de lleno en la vida del pueblo, el tema ya no queda solo en los pasillos del Concejo: también impacta en el clima institucional de todos los días. La Justicia confirmó que la suspensión sin goce de haberes del concejal Andrés Olivera estuvo mal hecha, pero sus pares no aflojan y apelaron el fallo para intentar sostener la sanción.
La resolución judicial, firmada por la jueza del Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti, se conoció la semana pasada y fue notificada el 4 de agosto. Allí se hizo lugar al amparo presentado por Olivera y se declaró nula la Resolución Nº 822-HCD-2024, dictada el 17 de octubre de 2024, cuando el Concejo lo suspendió por cuatro sesiones, casi un mes, y sin cobrar sueldo.
El eje del fallo fue claro: según la Justicia, al edil no le dieron la chance de defenderse como corresponde. Es decir, no pudo ser oído, ni hacer descargo, ni ofrecer pruebas antes de que se resolviera la sanción. Para el tribunal, eso alcanza para dejar sin efecto la medida.
Del otro lado, el Concejo Deliberante de Angaco no se quedó quieto. El mismo 4 de agosto, por la tarde, el presidente del cuerpo, Alberto de los Ríos, junto con Roberto López, apelaron la sentencia a través del abogado Leonel García. Además, pidieron que la Cámara Civil revoque el fallo y rechace el amparo de Olivera.
La discusión también toca el bolsillo. Durante la suspensión, el concejal dejó de percibir haberes, salvo la parte vinculada a prestación alimentaria o salario familiar, y el monto en juego rondó los 1.500.000 pesos. Ese dinero había sido restituido cuando se habilitó una medida cautelar, y ahora quedó la posibilidad de que deba devolverlo si el fallo termina siendo revocado.
En el fondo, la disputa refleja algo que en Angaco se viene sintiendo hace rato: la relación quebrada entre el oficialismo y la oposición. Andrés Olivera, alineado con el oficialismo provincial pero enfrentado al intendente José Castro, viene marcando diferencias dentro del Concejo, y esa tensión se nota cada vez más.
La pelea no termina ahí. Además del expediente por la suspensión, sigue abierta una causa penal donde fueron denunciados Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, junto con el intendente José Castro. En ese expediente se investigan presuntos delitos como abuso de autoridad y encubrimiento.
Según surge de la causa, todo se originó por un acuerdo que buscaba beneficiar a José Castro en otra investigación, la que lo tiene procesado por el presunto uso de maquinaria y personal municipal de Angaco para tareas en un terreno privado en Chimbas. Esa causa principal sigue suspendida hasta que se resuelva la situación procesal de los involucrados en el sistema acusatorio.
En medio de ese escenario, Olivera también denunció al intendente por supuestas amenazas, luego de una audiencia judicial. El hecho quedó asentado en la Comisaría 20 de Angaco y, según fuentes oficiales, la investigación tiene un avance preliminar.
Mientras tanto, en el Concejo la fractura sigue firme. En la votación de febrero, Olivera se opuso al acuerdo y la concejal Gloria Herrera se abstuvo. Desde entonces, la grieta quedó instalada y, por ahora, no muestra señales de cerrarse.