Un empleado municipal de Calingasta quedó imputado por una presunta defraudación contra la administración pública. La denuncia la presentó el intendente del departamento, y ahora la causa empezó a mover las piezas.
La Fiscalía sostiene que el trabajador se desempeñaba como inspector municipal y tenía a cargo el cobro de tasas por el uso de espacios públicos. Ahí habría estado el bardo: recibía pagos de comerciantes y de personas que pedían permiso para poner puestos, por ejemplo los fines de semana.
Según lo expuesto en la audiencia, el empleado registraba esos cobros en el sistema y entregaba los comprobantes. Pero después, de acuerdo con la hipótesis fiscal, anulaba las operaciones y se quedaba con el dinero.
La maniobra, siempre en versión de la acusación, habría perjudicado tanto a la Municipalidad de Calingasta como a los contribuyentes que pagaron de buena fe. O sea, uno del barrio ponía la plata, recibía su papel, y después el sistema quedaba haciendo de las suyas.
El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, pidió seis meses para seguir investigando y ver si hubo más operaciones tocadas. Mientras tanto, el empleado quedó en libertad, pero no puede entrar a las áreas de Rentas y Recaudación del municipio. ¿Se habrá querido hacer el vivo o todavía falta bastante por aclarar?