Una denuncia por presuntas golpizas dentro del Penal de Chimbas abrió un nuevo frente judicial alrededor de Roque Ramón Escudero. El hombre cumple prisión perpetua por el asesinato del empresario Antonio González, ocurrido en 2011.
La presentación sostiene que el interno habría sufrido agresiones físicas, amenazas y complicaciones de salud mientras estaba alojado en sectores de máxima seguridad. Su abogado, Leonardo Miranda, llevó el planteo a la Justicia con un hábeas corpus correctivo.
Pero el pedido no salió como esperaba. El juez Alberto Caballero rechazó el recurso y derivó las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales, para que investigue los hechos denunciados. O sea, la pelota pasó a otra cancha, pero la defensa dice que la urgencia no podía esperar.
Según el escrito, Escudero fue trasladado el 9 de junio de 2026 desde el pabellón 1, sector 2, al pabellón 2, reservado para internos de máxima seguridad. Después de ese cambio, habría aparecido con hematomas visibles y, más tarde, con fuertes dolores al orinar y sangre en la orina.
La defensa también pidió preservar las cámaras de seguridad, hacer una revisión médica independiente y garantizar una protección inmediata. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa lo que pasa puertas adentro del penal, donde cualquier movimiento puede terminar en otro bardo judicial, ¿no?