La causa por la estafa de Branka Motors sumó este miércoles otro capítulo fuerte en Tribunales. En una audiencia de juicio abreviado, la jueza Ana Parra homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los tres imputados, pese al rechazo que mostraron los querellantes.
Con esa decisión, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire deberán cumplir cinco años de prisión efectiva. Pero para las familias y personas que quedaron perjudicadas, la noticia dejó un sabor amargo: el acuerdo no incluye la devolución del dinero, que ronda los $524 millones.
La resolución deja la causa penal cerrada y obliga a los damnificados a ir por la Justicia Civil si quieren intentar recuperar lo que pusieron para comprar las motocicletas. En otras palabras, el reclamo por la plata seguirá por otro carril y con más vueltas.
Antes de la audiencia, varios de los afectados ya habían expresado su malestar porque esperaban que el proceso penal contemplara algún mecanismo para devolver los fondos. La bronca venía creciendo desde que fracasó un acuerdo anterior de reparación integral.
En abril, los imputados se habían comprometido a devolver los cerca de $524 millones en cinco cuotas y en un plazo de 120 días. Pero el primer pago no se concretó, y eso terminó de complicar todo.
Después de ese incumplimiento, el fiscal Heredia pidió dejar sin efecto el convenio. El tema se discutió en una audiencia el 8 de mayo, cuando uno de los acusados aseguró que parte de una transferencia se había hecho ese mismo día. Sin embargo, la Oficina de Medidas Alternativas descartó que el pago se hubiera realizado.
Finalmente, la jueza Parra resolvió que los acusados fueran trasladados al Penal de Chimbas bajo prisión preventiva por cinco meses, mientras seguía la investigación penal preparatoria.
La causa reúne a cientos de damnificados y calcula un perjuicio económico cercano a los $524 millones. Según la acusación fiscal, el sistema consistía en ofrecer motocicletas a precios muy por debajo de los del mercado, algo que generó mucho interés y sumó a un montón de compradores.
Con el tiempo, la empresa empezó a fallar en las entregas y el esquema dejó de sostenerse financieramente. Ahora, con la homologación del acuerdo, la causa penal quedó cerrada, pero para quienes perdieron plata el problema sigue abierto.
La jueza dará a conocer el próximo martes los fundamentos de su decisión.