La Corte Suprema de Justicia aprobó una movida que puede cambiar el mapa de las cárceles para algunos condenados por lesa humanidad. Pidió armar un protocolo médico para revisar si pueden seguir tratados adentro o si corresponde otro camino.
La decisión quedó plasmada en la Acordada 21/2026, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La tarea quedó en manos del Cuerpo Médico Forense, que deberá redactar un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
La idea, según la resolución, es “sistematizar los criterios” para que los jueces tengan mejores elementos al decidir si dan una prisión domiciliaria por razones de salud. O sea: menos improvisación y más papel con sello, algo que en Tribunales nunca sobra.
Ese protocolo tendrá que incluir un examen médico general de cada detenido y revisar las condiciones concretas de encierro. También deberá mirar si el tratamiento puede hacerse dentro del penal o si ya no da para más.
La Corte apoyó su decisión en la Constitución Nacional, que dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas por delitos de lesa humanidad detenidas, y 440 ya tienen arresto domiciliario. ¿Se viene otra ronda de discusiones judiciales?