El Gobierno nacional movió ficha y apeló el fallo que había declarado inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario. Con ese paso, la discusión por las partidas sigue abierta y el cumplimiento de la norma queda en pausa.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano y apunta contra la decisión del juez Martín Cormick, que dejó sin efecto el Decreto 759/2025. Para la Casa Rosada, esa resolución les mete un quilombo presupuestario de los grandes.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello sostienen que el fallo trae “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”. También dicen que la sentencia obliga a ejecutar la ley con una lectura “arbitraria y fragmentaria” del régimen presupuestario.
El Gobierno insiste en que cumplir la norma impacta de lleno en las cuentas públicas y que no se indicó una fuente de financiamiento “específica y suficiente”. Incluso planteó que, si hay que reasignar fondos, eso obligaría a recortar otras partidas. Según su cálculo, habría que mover el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional.
Además, cuestionó el amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, al que considera una vía que no alcanza para cerrar una disputa de este tamaño. Mientras tanto, el reclamo universitario sigue firme por las partidas y por la paritaria de docentes y no docentes. ¿Cuánto más va a durar esta pulseada?