La muerte de Dolly Parton abrió un capítulo que ahora se pelea en tribunales. A poco más de un mes, la interna por su patrimonio terminó con un sobrino afuera y una presentación judicial encima.
El apuntado es Bryan Seaver, dueño de la empresa que durante años aportó el equipo de seguridad de la artista. Además, ella lo había elegido para comunicar públicamente su fallecimiento, pero la cosa se dio vuelta mal.
La firma She's Alive, que administra y protege los bienes y negocios de Parton, pidió una orden de restricción temporal contra Seaver. Según los documentos presentados, habría enviado mensajes cada vez más intimidatorios y también reclamado dinero.
La semana pasada, la empresa rescindió el contrato de Seaver y de Squadron Augmented Protection Services. En la presentación judicial aparecen mensajes y correos que, según la entidad, fueron enviados antes y después de la muerte de la cantante.
Uno de esos textos, fechado el 1 de septiembre, hablaba de armar un podcast para complicar relaciones comerciales y sacar a la luz supuestas irregularidades. También figuran referencias a su experiencia como contratista militar privado y a su vínculo con armas.
El expediente suma más tensión: según la documentación, renunció el abogado encargado de fideicomisos y sucesiones, y también hubo salidas de empleados. Encima, la empresa dijo que debió contratar seguridad privada para cuidar a su gente incluso en sus casas. ¿Un lío familiar? Sí, pero con millones en juego y la Justicia mirando de reojo.