La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena millonaria contra la Argentina por la estatización de YPF. En criollo: el expediente quedó con el giro que ya había marcado la Cámara de Apelaciones.
La resolución dejó asentado que la sentencia que obligaba al país a pagar USD 16.100 millones quedó sin efecto. Con intereses, esa cifra había trepado todavía más, así que el número venía picando fuerte desde hace rato.
El trámite cierra la etapa ante Preska, pero el caso sigue respirando. Burford Capital, el fondo que financia el reclamo de los antiguos accionistas, pidió que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el fallo favorable al Estado argentino.
Ahora, el máximo tribunal tiene la pelota: primero debe decidir si toma o no el planteo. Si lo rechaza, la condena seguirá anulada; si lo acepta, la discusión puede seguir dando vueltas en la Justicia estadounidense.
La disputa arrancó en 2012, cuando el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF. Desde entonces, el juicio fue subiendo de temperatura y dejando una cuenta que parecía no cerrar nunca. ¿Se terminará acá o todavía queda otro capítulo?