A cuatro meses de arrancada la Reforma Laboral, el termómetro vino con mala cara: se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en la Argentina.
El dato salió del Instituto Argentina Grande (IAG), que puso la lupa sobre la llamada “Ley de Modernización Laboral”. La norma empezó a regir en marzo de 2026 con la promesa de mover la contratación registrada y sumar empresas, pero el arranque no le hizo honor al discurso.
El informe marca que el deterioro viene de arrastre y ya suma 13 meses seguidos de caída en el empleo privado formal. Desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, la cuenta trepó a 241.200 puestos perdidos, un número que no entra en el bolsillo de nadie y pega en la calle.
La sangría alcanzó casi a todas las actividades, incluso a ramas que suelen moverse como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. En paralelo, la informalidad siguió creciendo y ya representa el 45% de los ocupados, el valor más alto de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares.
En plata y laburo, el panorama tampoco aflojó: el salario privado registrado perdió 3,7% de poder de compra frente a la inflación. Y si se toma el IPC actualizado que no implementó el Gobierno a principios de año, la caída llega al 8%; ¿arrancaba para ordenar y terminó dejando más de uno mirando el techo?