El Gobierno nacional volvió a patear la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el sistema pensado para cubrir indemnizaciones cuando termina una relación de trabajo. La medida salió por el Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y su gabinete.
En criollo: para los empleados del sector privado, el respaldo económico frente a un despido va a tardar más en aparecer. La fecha de arranque pasó del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026, y ya venía corrida desde junio.
Pero eso no fue todo. El período de carencia, que es el tiempo mínimo de aportes antes de que el fondo pueda cubrir una indemnización, se duplicó sin anestesia: pasó de 6 a 12 meses. O sea, un año entero de espera antes de que el sistema entre a jugar.
Ese plazo recién empieza a contar cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre el primer aporte que haga el empleador. Hasta que no se cumpla ese año completo, el fondo no va a poder cubrir lo que prevé la ley.
La demora se explica por problemas técnicos y operativos para poner en marcha un esquema que no tiene antecedentes en el país. Los FAL deben canalizarse por Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros, bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), así que el engranaje es bastante más pesado de lo que parece. Y encima hubo pedido formal de cámaras financieras: ¿quién dijo que arrancar era fácil?