La CAME salió a marcar la cancha después del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal. La confederación le pidió que, mientras corre el período de espera que fija la norma, la ARCA no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas. La preocupación es clara: en un escenario de consumo muy flojo, cada golpe administrativo puede complicar todavía más a las pymes, que ya vienen haciendo equilibrio para sostenerse.
Además, la entidad reclamó que si el contribuyente regulariza la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a ese plazo de espera, la multa se reduzca un 50%. Recién cuando venza ese último término sin cumplimiento debería aplicarse la sanción completa, según los montos previstos por la ley. En paralelo, CAME pidió que, por tratarse de una iniciativa de origen fiscal, se suspendan las ejecuciones fiscales y los embargos que alcanzan al sector pyme, una medida que en muchos casos puede ser decisiva para que una empresa siga en pie.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, fue directo al planteo: “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”. La organización considera que, con el telón de fondo de la propuesta del FMI sobre una reforma tributaria, hace falta una respuesta que cuide el entramado productivo, sostenga la competitividad y no deje a las pymes contra las cuerdas.