Luz verde para Vicuña: el proyecto minero de San Juan que mueve US$9.700 millones

El Ministerio de Economía confirmó la adhesión al RIGI del proyecto minero Vicuña, impulsado por BHP y Lundin en San Juan, con una inversión total que trepa a u$s9.700 millones. La noticia cayó con fuerza porque se trata de la mayor apuesta minera de la Argentina bajo este régimen y, además, promete mover la economía de la provincia a gran escala.

Según informó el Gobierno este jueves 30 de julio a través de la cuenta oficial de X de la cartera que conduce Luis Caputo, el emprendimiento fue aceptado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La iniciativa apunta a la extracción de cobre, oro y plata y calcula ingresos por exportaciones de u$s2.600 millones al año. En el mismo anuncio destacaron otro dato que no pasó desapercibido: la generación de 31.700 empleos directos e indirectos.

La Resolución 1154/2026 precisó que la presentación fue hecha por Vicuña Argentina SA el 11 de diciembre de 2025. El plan incluye la explotación y exportación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones que forman parte del paquete. También contempla una infraestructura de gran escala, con minas a cielo abierto, planta concentradora, instalaciones de lixiviación, red eléctrica, sistema de agua, caminos de acceso y alojamiento para trabajadores.

La empresa detalló que la inversión total llegará a u$s9.737 millones, de los cuales u$s9.024 millones entran como activos computables dentro del régimen. El desembolso se hará en dos tramos: uno entre el 8 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2026, y otro desde enero de 2027 hasta diciembre de 2031. Para la primera etapa se prevén u$s1.128 millones y para la segunda u$s7.895 millones. Además, la firma deberá acreditar en los primeros dos años, desde la notificación de la resolución, al menos u$s2.009 millones, que equivalen a más del 20% del mínimo exigido.

Con la aprobación, la compañía podrá importar bienes de capital y mercaderías vinculadas con informática y telecomunicaciones bajo la franquicia del régimen. También la ARCA deberá asignar una identificación tributaria especial al vehículo del proyecto y aplicar los incentivos impositivos y aduaneros correspondientes. Por su parte, el Banco Central tendrá que instrumentar los beneficios cambiarios previstos, incluidos los vinculados con la disponibilidad de los cobros por exportaciones, mientras que la Secretaría de Minería quedará a cargo del control y seguimiento del plan de inversión.

La resolución fijó el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para llegar al monto mínimo comprometido y estableció el 3 de junio de 2026 como fecha formal de adhesión al RIGI. En paralelo, el Gobierno también empuja el llamado Súper RIGI, una ampliación del esquema que busca atraer inversiones mayores a u$s1.000 millones en industrias, tecnología y servicios ligados a infraestructura productiva. El proyecto ya tiene media sanción en Diputados y la semana próxima empezará a ser tratado en el Senado, en medio de una discusión que promete seguir dando que hablar.