Dos empresas de colectivos fueron sancionadas en San Juan por achicar recorridos

Las demoras eternas en las paradas de San Juan ya tuvieron respuesta oficial. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno provincial sancionó a Empresa Mayo y Libertador tras detectar una baja en la cantidad de servicios prestados.

En diálogo con TELESOL, el funcionario fue claro al rechazar la versión de que la merma en los colectivos se debía a una supuesta deuda del Estado. "El Estado Provincial está al día con las empresas, no hay demoras en los pagos. Lo que estaba comprometido está. Por eso se están tomando las decisiones y las sanciones correspondientes", afirmó.

Molina explicó que el problema no alcanza a toda la RedTulum, sino solo a dos prestatarias. Según detalló, los controles satelitales mostraron que algunas unidades estaban saliendo con menos frecuencia de la autorizada. "En vez de hacer diez turnos, hacen ocho. Faltan dos turnos para el desenvolvimiento normal del servicio", graficó.

El seguimiento en tiempo real permitió detectar las primeras irregularidades entre jueves y viernes de la semana pasada. Después, durante el fin de semana, el servicio volvió a moverse con normalidad. Ahora, la Provincia va a mirar con lupa lo que pase este lunes para definir si los incumplimientos siguen o si las empresas acomodan la situación.

Las sanciones serán económicas, aunque todavía falta calcular el monto exacto. Para eso, el Gobierno debe establecer cuántas frecuencias se perdieron, qué líneas quedaron afectadas y en qué nivel se alteró el servicio. Molina también advirtió que, si persisten las fallas, podrían venir castigos más duros. "Si continúan los incumplimientos, tendremos que aplicar lo que permita la legislación en una escala superior de sanción", anticipó.

La polémica se desató después de los reclamos de cientos de usuarios, cansados de esperar de más en las paradas. A eso se sumó el reconocimiento de la UTA San Juan, que admitió una reducción cercana al 30% en las frecuencias, aunque aclaró que la decisión no responde a un conflicto gremial. Mientras siguen las inspecciones, el Gobierno dejó en claro que el sistema seguirá bajo monitoreo permanente.