La Casa Rosada busca aflojar reglas en los corredores inmobiliarios y ya saltó la bronca

El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley que apunta a mover el piso del mercado inmobiliario. La iniciativa, empujada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca aflojar las reglas que hoy ordenan el corretaje y abrir una discusión caliente en el Congreso. Aunque el envío estaba previsto para junio, ahora la presentación sería en los próximos días, junto con otras reformas económicas y tributarias.

La propuesta pone bajo la lupa el sistema actual, que exige matrícula para corredores y martilleros a través de colegios profesionales provinciales. Desde la Casa Rosada sostienen que ese esquema frena la competencia, complica la entrada de nuevos jugadores y deja atrás herramientas que ya son parte del negocio, como la tecnología aplicada a las operaciones. Entre los cambios que se analizan aparecen menos requisitos para ejercer, más libertad para fijar honorarios y nuevos formatos para vender o alquilar propiedades.

Los que respaldan la movida aseguran que una mayor apertura podría beneficiar a propietarios, compradores e inquilinos. También creen que el sector podría modernizarse más rápido con inteligencia artificial, recorridos virtuales y plataformas digitales. Pero del otro lado la respuesta fue inmediata: los colegios inmobiliarios salieron con los tapones de punta y defendieron la matrícula profesional como garantía de control, capacitación y seguridad jurídica.

En San Juan, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Esteban Costela, expresó su preocupación por el impacto que podría tener la reforma en la provincia. Según explicó, el proyecto habilitaría a personas con estudios secundarios, pero sin título universitario ni matrícula, a trabajar en la actividad. "No se trata de defender a los colegios profesionales, sino de proteger a quienes invierten los ahorros de toda una vida en la compra de una vivienda", afirmó. Además, remarcó que hoy existe un Tribunal de Ética para sancionar a los matriculados, mientras que con una desregulación los damnificados quedarían casi obligados a ir a la Justicia, con tiempos largos y gastos pesados.

Costela también señaló que las denuncias por presuntas estafas que recibió el Colegio en San Juan estuvieron vinculadas a operaciones entre particulares o a personas que trabajaban de manera ilegal, no a corredores habilitados. Y dejó otra definición clave: aunque la ley avance en el Congreso, su aplicación no sería automática en todas las provincias. "Si la ley nacional avanza, después cada provincia tendrá que resolver si la implementa. En San Juan vamos a trabajar para que eso no ocurra", aseguró. Mientras tanto, el debate ya está planteado y promete dar pelea en los próximos meses.