Alerta en los planes de ahorro: el cambio que podría sacudir la compra de 0 km

La movida que analiza el Gobierno para desregular los planes de ahorro de autos 0 km encendió todas las alarmas en el mercado. Hoy este sistema explica cerca del 30% de las ventas de vehículos nuevos, así que cualquier cambio pega de lleno en miles de familias que vienen pagando su cuota mes a mes para llegar al cero kilómetro.

Hasta ahora, la actividad de las administradoras está bajo la lupa del Estado desde el viejo decreto Nro. 142.277, de 1943, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y su Departamento Federal del Ahorro. Con el paso del tiempo, el esquema fue sumando reglas específicas: primero para ordenar la actividad y después, desde 1975, para fijar condiciones claras en los planes destinados a automóviles. Entre otras cosas, se exige respaldo financiero, sustentabilidad del negocio y hasta gente con experiencia real en el directorio.

Un directivo del rubro fue tajante al analizar el anteproyecto: "Más allá de ser todavía un anteproyecto de ley, y de carecer de especificaciones detalladas respecto a qué formato general tendrá la actividad en el futuro de aprobarse la reforma, lo primero que se me ocurre es que lejos de mejorar la oferta para los usuarios, solo sería abrirla a más jugadores, pero sin control de ningún tipo". La frase dejó en claro el temor principal: que entren más empresas, sí, pero sin controles que frenen abusos, demoras o maniobras raras.

La normativa actual protege al ahorrista en varios frentes. La IGJ controla la constitución de las sociedades, sus garantías, los balances y hasta los contratos que se firman, donde deben figurar de forma transparente el valor móvil del vehículo, el cálculo de las cuotas, la adjudicación por sorteo o licitación, los seguros, los plazos de entrega y las multas por incumplimiento. También hay mecanismos para devolver los fondos si alguien renuncia o rescinde el plan, y para preservar el capital de quienes suspendieron pagos y no retiraron el auto.

Otro punto sensible es la entrega de las unidades. La ley marca plazos concretos: si el modelo es el mismo que se venía pagando, la entrega suele ser dentro de los dos meses; si hubo cambio de modelo, el plazo puede estirarse hasta 120 días. Si eso no se cumple, la administradora debe pagar una multa calculada sobre la tasa activa del Banco Nación. En los años 2022 y 2023, cuando faltaban autos por las trabas para importar, hubo demoras de más de un año y sanciones que llegaron a equivaler a otro vehículo similar. Por eso, en el sector advierten que sacar ese control podría dejar al usuario mucho más desprotegido justo cuando más necesita respuestas.