Milei avanza con un proyecto que sacude farmacias, campo, cultura y finanzas

El Gobierno nacional empezó a mover un anteproyecto de ley que, por su alcance, ya genera ruido en medio país. El texto, al que accedió parlamentario.com, reúne más de un centenar de artículos y apunta a una reforma regulatoria de enorme tamaño, una de las más amplias desde que arrancó la gestión de Javier Milei. La iniciativa toca el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la navegación y el cabotaje, el mercado de capitales, los fideicomisos y hasta normas históricas del agro y la cultura.

La idea oficial es clara: sacar trabas, abrir la cancha a más competencia, facilitar nuevas tecnologías y achicar la presencia del Estado en varios rubros. En ese paquete aparecen cambios fuertes para el corretaje, el gas licuado, los libros, los traductores públicos, las farmacias, la actividad vitivinícola, los arrendamientos rurales y la marina mercante. En otras palabras, un sacudón legal que promete hacer ruido en cada sector alcanzado.

Uno de los puntos que más llama la atención es el del corretaje. El proyecto baja varias exigencias y establece que para ejercer sólo hará falta ser mayor de edad y tener título secundario. Además, habilita que participen personas humanas o jurídicas y que la actividad se desarrolle mediante plataformas digitales. También permite organizarse bajo cualquier forma societaria y prohíbe que futuras reglas impongan residencia obligatoria, incompatibilidades con otras profesiones, aranceles mínimos o máximos y honorarios obligatorios.

En gas licuado de petróleo, el cambio va derecho al hueso: el Estado quedaría limitado a controles de seguridad y nada más. El anteproyecto le impide regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. Con eso, se deroga por completo la Ley 26.020 y también el artículo 74 de la Ley 24.076. Es decir, se termina un esquema de regulación que venía marcando el pulso del sector desde hace años.

La parte cultural también entra en la licuadora. El proyecto modifica la ley de fomento del libro y la lectura, deja a la Secretaría de Cultura como autoridad de aplicación y borra varias normas históricas. Entre ellas, desaparecen la ley vinculada a la industria del doblaje y la conocida ley de precio uniforme del libro. En paralelo, se cambia el régimen de traducciones públicas y el Poder Ejecutivo sólo podría exigirlas en casos excepcionales, cuando haya razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales de por medio.

Donde el impacto puede sentirse más rápido es en farmacias. La reforma abre la puerta a la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. También libera los horarios de atención, impulsa la digitalización de recetas y registros y permite que las farmacias adopten cualquier forma societaria habilitada por la ley. Incluso las droguerías podrían vender al público si deciden convertirse en farmacias, un giro que ya despierta fuertes miradas en el sector.

En el agro, el proyecto también mete mano con fuerza. En carne vacuna, las contribuciones obligatorias que financian al IPCVA dejarían de existir desde el 1 de octubre de 2027, y el organismo pasaría a sostenerse con aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones. Además, se propone derogar de manera integral las leyes que regulan los arrendamientos y aparcerías rurales, aunque los contratos vigentes seguirán bajo esas normas hasta que venza su plazo.

La vitivinicultura tampoco queda afuera. El texto introduce cambios en las leyes de vinos y alcoholes, con adopción de prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, controles más simples y una fiscalización concentrada en la etapa final de la cadena. También prevé sanciones medidas en UVAs y, en un punto de alto voltaje político, deroga la ley que dio origen a la COVIAR. La entidad deberá cerrar cuentas, presentar un informe final y liquidarse, mientras los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

El capítulo de cabotaje abre otra discusión pesada: se habilita que buques extranjeros realicen transporte dentro del territorio argentino. La exigencia de tripulación nacional sería gradual, con porcentajes que van del 20% al 75% según el tiempo de operación. Además, se deroga el histórico Decreto Ley 19.492 de 1944, que durante décadas fue la base de la reserva de carga nacional. En el mundo marítimo, la noticia ya cae como un baldazo.

La reforma más extensa, sin embargo, está en el terreno financiero. Se habilitan cláusulas de actualización e indexación para pagarés y letras, y se reconoce de manera plena la validez de los instrumentos digitales. Los fideicomisos se flexibilizan, ganan protección frente a concursos y quiebras, y el mercado de capitales se reescribe con principios como neutralidad tecnológica, inclusión financiera, uso de activos digitales y registros distribuidos. También se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Valores y se abre la puerta a emitir y negociar instrumentos en formato digital.

El listado de derogaciones es largo y deja en claro la magnitud del plan. Entre otras, se eliminan la Ley 26.020 sobre gas licuado, la Ley 13.246 de arrendamientos rurales, la Ley 14.432 de aparcerías rurales, la Ley 25.849 que creó la COVIAR y la Ley 23.149 sobre fraccionamiento o envasado de vinos en origen. En síntesis, el Gobierno busca barrer con una maraña de regulaciones que, según su mirada, frenan la actividad. Ahora la discusión pasa por ver hasta dónde llega el respaldo político para una reforma que, si avanza, va a mover el tablero en serio.