De la Fuente apuntó contra dos autoridades del Penal de Chimbas por presuntos malos tratos
El abogado sanjuanino, que hace poco recuperó la libertad tras ser absuelto en la causa por trata, presentó una denuncia contra dos jefes del Servicio Penitenciario Provincial por supuestos apremios ilegales, vejaciones e incumplimiento de deberes.
A poco más de dos semanas de haber salido en libertad, Gustavo De la Fuente volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez no está en el banquillo, sino del otro lado: presentó una denuncia penal contra dos autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, a quienes les atribuye presuntos hechos ocurridos mientras estuvo detenido. La presentación fue radicada en la Justicia Federal y apunta al director del SPP, prefecto Carlos Suárez, y al responsable del área de Requisas, Ariel Castro. Ahora resta definir qué fuero seguirá con el expediente, porque todavía debe resolverse si la causa quedará en el ámbito federal o pasará a la Justicia provincial.
Según planteó el abogado, durante su paso por el Penal de Chimbas habría atravesado distintas situaciones de maltrato que, a su entender, excedieron por completo lo permitido para una persona privada de la libertad. Por eso decidió avanzar con una acción judicial contra quienes estaban al frente del establecimiento. En el escrito, les endilga posibles responsabilidades por apremios ilegales, vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde ahora, será la Justicia la que analice el contenido de la denuncia y determine si corresponde abrir una investigación penal.
Este nuevo capítulo aparece después del cierre del proceso por el que De la Fuente había sido acusado de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. El 2 de julio, el Tribunal Oral Federal de San Juan resolvió absolverlo, igual que a John Sebastián Quevedo, y desestimó el pedido de la Fiscalía, que durante el debate había reclamado una condena de 12 años de prisión para el abogado. En el marco de esa causa, el letrado pasó cerca de dos años privado de su libertad, parte de ese tiempo en el penal y el resto bajo arresto domiciliario. Tras el fallo, recuperó la libertad y aseguró que quiere volver a su actividad profesional y ordenar su vida. Ahora, suma otro frente judicial, esta vez contra quienes tuvieron a su cargo su custodia durante el encierro.
