La Oficina Anticorrupción estiró el plazo y los funcionarios tendrán más tiempo para informar sus bienes
La Oficina Anticorrupción movió la fecha de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y dio aire hasta el 31 de agosto de 2026. La medida llegó por las demoras del calendario fiscal de ARCA, que dejaban muy poco margen para cargar los datos.
Los funcionarios nacionales de todo el país, incluidos los que representan a San Juan en cargos del Poder Ejecutivo, van a contar con un mes extra para presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del ejercicio 2025. La Oficina Anticorrupción oficializó el cambio mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. Así, la fecha límite pasó del 31 de julio al 31 de agosto de 2026. La decisión también modifica los plazos que ya habían sido tocados por la Resolución 3/2026.
El motivo de fondo está en el desfasaje que generó el calendario fiscal nacional. Como la ARCA estiró la presentación de Ganancias y Bienes Personales hasta el 27 de julio, quedaban apenas cuatro días para volcar esa información en el sistema de control anticorrupción. Desde el organismo entendieron que ese margen era demasiado corto y, en la práctica, imposible de cumplir con normalidad. La carga no es automática y exige revisar cada dato con cuidado.
Estas declaraciones, amparadas por la Ley de Ética Pública(N.º 25.188), no se limitan a copiar lo que ya aparece en los formularios impositivos. También obligan a sumar información manual sobre bienes, cuentas, deudas y participaciones societarias. Con más tiempo, la OA busca evitar errores por apuro y asegurar que los datos queden bien asentados. La prórroga alcanza a miles de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, y las áreas de recursos humanos ya recibieron la orden de avisar el nuevo cronograma.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una de las herramientas más sensibles para el control ciudadano y la transparencia en la función pública. La ley establece que debe presentarse al asumir, una vez por año y al terminar la gestión, para seguir la evolución del patrimonio y detectar posibles irregularidades. Además, buena parte de esa información es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Con esta resolución ya en marcha, el cierre definitivo quedó fijado para el último día de agosto.
