El oficialismo se juega una pulseada decisiva por la reforma de tierras y propiedad privada

Después de más de un mes de tironeos, el Senado debatirá este jueves el proyecto del gobierno de Javier Milei sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, con un foco que concentra toda la tensión: el artículo que elimina el tope para que extranjeros compren tierras rurales. El oficialismo cree que puede sacarlo adelante, aunque admite que la votación viene muy ajustada y con varias miradas encima. La sesión fue convocada para las 12:00 y, además de este texto, se tratarán 29 pliegos judiciales y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

El corazón de la discusión está en la iniciativa armada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que si consigue media sanción pasará a Diputados. El proyecto trae cambios en desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y en los requisitos para que personas o empresas extranjeras puedan comprar grandes extensiones rurales en el país. En la previa, el quórum aparece encaminado, pero el Gobierno sigue apelando a los gobernadores dialoguistas para sumar voluntades. La tucumana Beatriz Ávila y la neuquina Julieta Corroza estarían presentes, al igual que los tres senadores de Convicción Federal, aunque todavía no acompañan el capítulo más sensible.

La mayor complicación para la bancada que responde a Patricia Bullrich está justamente en el límite del 15% del territorio nacional que hoy rige para la compra de tierras por parte de extranjeros. En la negociación aparecieron 13 borradores distintos y el oficialismo terminó cediendo en varios puntos, aunque se quedó con lo que más le importa: borrar ese tope. Aun así, no logró blindar del todo el capítulo y en la oposición desconfían del número final. Desde el propio oficialismo, sin embargo, aseguran que tienen los votos, aunque por un margen finito.

La presión externa también mete ruido. En los últimos días, sectores como la CGT, la Iglesia y hasta la Coalición Cívica de Elisa Carrió pidieron rechazar la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros. Las críticas apuntan a grandes grupos tecnológicos y a su interés por tierras y recursos estratégicos del país. En ese marco, la oposición mira con sospecha el vínculo entre Milei y Peter Thiel, el magnate de los datos y la inteligencia artificial aplicada a defensa y seguridad que se instaló hace más de un mes en Argentina.

En el capítulo de tierras, el Gobierno aceptó que la regulación final quede en manos de las provincias y mantuvo la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales. Pero el último borrador introduce una puerta abierta: si una empresa tiene participación de un Estado extranjero, podrá adquirir campos siempre que haya autorización de la provincia donde está el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo se prevé para las zonas de seguridad de frontera. Además, la autorización se regirá por el silencio administrativo, es decir que si el Estado no responde en el plazo previsto, la operación quedará aprobada de manera automática.

El proyecto también mete mano en los desalojos. La acción se tramitará por el procedimiento sumarísimo y, en casos de tenedores precarios, intrusos u otros ocupantes con deber de restitución, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble en cualquier etapa del juicio. Para los casos de cambio de destino, deterioro, obras nocivas o uso abusivo, el magistrado deberá hacer el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas. A la vez, el oficialismo aclaró una diferencia importante entre inquilinos y ocupantes irregulares: si se trata de una vivienda con falta de pago, habrá un plazo de 10 días corridos desde la intimación antes de iniciar la demanda. También se validan las notificaciones electrónicas y se prevé asistencia especial si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En expropiaciones, el texto endurece criterios y busca dar mayor seguridad a inversores y empresas. La declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva y el Estado tendrá que probar que la medida es idónea, necesaria y proporcional. Además, el lucro cesante no podrá superar el 30% del daño emergente. El valor del bien expropiado se tomará a la fecha anterior a cualquier anuncio o acto vinculado con la expropiación y luego se actualizará por el IPC más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco Nación. Con todo esto sobre la mesa, el Gobierno busca salir del Senado con una media sanción que, puertas adentro, ya sería festejada como un triunfo importante.