La Fiscalía va tras el recorrido de los $90 millones en la compra bajo sospecha

La investigación por la presunta compra irregular de equipos informáticos para la Secretaría de Seguridad entró en una fase decisiva. Después de la audiencia de formalización del 3 de julio, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales prepara medidas de prueba que pueden mover fuerte el expediente. El objetivo ahora es seguir el rastro de los $90 millones que el Estado provincial pagó en mayo de 2023. En tribunales entienden que ahí puede estar la llave para entender qué pasó con esos fondos.

Según confirmaron fuentes judiciales al móvil de Telesol, el fiscal pedirá el levantamiento del secreto bancario ante la Justicia de Garantías. Con esa autorización, podrá reclamar datos a bancos y a organismos de control para reconstruir el circuito completo del dinero. La sospecha es que ese seguimiento puede abrir una etapa sensible del caso y mostrar quién recibió la plata, cómo se movió entre cuentas y si hubo desvíos o retornos irregulares. "La reconstrucción del recorrido de los fondos aparece ahora como uno de los ejes centrales del expediente", señalaron desde el entorno de la causa.

En paralelo, ya hubo allanamientos y una pericia informática sobre computadoras, impresoras y tablets guardadas en un depósito de la avenida Rawson. Los peritos comprobaron que la cantidad de equipos coincidía con el remito, pero el problema estaba en otra parte: la calidad técnica era muy inferior a la que exigía la licitación y a la que el Estado sanjuanino pagó como si se tratara de primera línea. Por ahora hay siete imputados por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre ellos figuran personal técnico, policías de la comisión de recepción y la representante legal de SSH Emprendimientos. La causa sigue abierta y en tribunales no descartan que, cuando lleguen los informes bancarios, aparezcan más nombres y el caso escale todavía más arriba.