Milei quiere meter la pulseada por Discapacidad y Universidades dentro del Presupuesto 2027
En la Casa Rosada analizan usar el Presupuesto 2027 para ordenar una discusión que ya les trajo choques políticos y judiciales. La jugada dependerá de acuerdos con gobernadores y aliados antes de llegar a septiembre.
El Gobierno de Javier Milei evalúa incorporar cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que piensa mandar al Congreso antes del 15 de septiembre. En Balcarce 50 ven esa alternativa como una manera de achicar el impacto fiscal de dos normas que ya le hicieron ruido al oficialismo. La idea todavía no está cerrada y, por ahora, sigue en estudio.
En despachos oficiales reconocen que la posibilidad "persiste", pero aclaran que todo depende de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. "En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo", repiten en Nación, con la mira puesta en no repetir la misma historia. Adentro del Gobierno admiten que aquella caída mezcló apuro, exceso de confianza tras la victoria electoral y poco trabajo previo con las provincias.
La movida no es menor. La Casa Rosada ya había metido en el Presupuesto 2026 un tramo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y después ratificadas por el Congreso. Diputados aprobó el presupuesto en general, pero frenó ese artículo en particular. Ahora el objetivo es no volver a chocar contra la misma pared y llegar a septiembre con un acuerdo político más sólido.
En el Gobierno creen que, si logran alinear a varios mandatarios provinciales de cara a 2027, habrá menos chances de que terminen votando en contra de una ley clave para el oficialismo. Por eso, la estrategia apunta a atar el debate sobre universidades y discapacidad al cálculo general de recursos y gastos, y no dejarlo suelto en normas que puedan empujar más erogaciones por fuera de la programación estatal. La discusión, además, tiene un costado sensible en el frente universitario.
Ese expediente es el más judicializado de todos. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no cerró el fondo del conflicto, pero mantuvo vigente la orden mientras sigue la causa. En el Ejecutivo insisten en que, por ahora, no se trata del costo total de la ley, sino de un costo parcial que sigue condicionando la hoja de ruta para 2027.
