Valdés quiere dejar afuera a funcionarios del beneficio fiscal
Tras el caso de Manuel Adorni, el diputado Eduardo Valdés impulsó una reforma para que los cargos públicos y sus allegados no puedan entrar en la Ley de Inocencia Fiscal. La movida apunta a endurecer los controles y cerrar cualquier puerta a maniobras dudosas.
Después del caso de Manuel Adorni, el diputado nacional Eduardo Valdés salió a mover una ficha fuerte en el Congreso: presentó un proyecto para que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas no puedan acogerse al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. La idea, según planteó, es ponerle un freno a cualquier intento de esconder patrimonio detrás de una regularización excepcional. En criollo, busca que quienes tienen poder no jueguen con reglas más blandas que el resto.
Valdés sostuvo que permitir ese acceso "contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial". También remarcó que quienes administran fondos del Estado "deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización" que alivian las exigencias de rendición de cuentas. Por eso, propone tocar la Ley 27.799 para excluir a funcionarios de los tres poderes, a las personas políticamente expuestas y a sus familiares directos. La jugada apunta a cerrar una rendija que, para el legislador, no debería existir.
El diputado de Unión por la Patria advirtió además que la norma vigente "choca" con la Ley de Ética Pública y con compromisos internacionales que la Argentina asumió para prevenir la corrupción y el lavado de activos. En su visión, dejar entrar a personas con cargos públicos a este régimen podría "blindar dinero de origen ilícito desde el punto de vista penal y tributario", sin dar explicaciones sobre el crecimiento de sus bienes mientras ocupan funciones estatales. También calificó la situación como "éticamente inaceptable", porque —según señaló— incluso quienes participaron en la redacción y aprobación de la ley podrían terminar beneficiándose.
Por último, Valdés recordó que las recomendaciones del GAFI exigen controles reforzados para las personas políticamente expuestas, justamente por el "mayor riesgo de corrupción" que implica su rol. Con ese argumento, la iniciativa busca alinear la legislación tributaria con las normas de ética pública y con los tratados internacionales contra la corrupción. En el cierre, el diputado fue tajante: por razones de ética y de cuidado del dinero público, "todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de manera estricta a los funcionarios y a sus familiares directos".
