Crece la preocupación por la entrada de desechos peligrosos tras la flexibilización de importaciones

El Círculo de Políticas Ambientales difundió un informe que encendió las alarmas por el impacto ambiental y sanitario de la desregulación comercial vigente desde diciembre de 2023 con el DNU 70. Según el trabajo, el país está recibiendo lo que describen como "residuos encubiertos", es decir, bienes que entran como mercadería pero que, por su estado o escasa vida útil, terminan convirtiéndose en basura peligrosa a los pocos días. Entre los casos mencionados aparecen ropa usada, pilas y baterías, neumáticos recauchutados, artefactos médicos de segunda mano, juguetes y cosméticos. La preocupación no es menor: el costo de su tratamiento, advierten, queda en manos de los municipios.

El informe marca un giro fuerte en la lógica de control. Donde antes había filtros preventivos, ahora predominan las declaraciones juradas, las auditorías posteriores al ingreso y el reconocimiento automático de certificaciones extranjeras. En criollo, el Estado habría perdido parte de su capacidad para frenar en la frontera productos de baja calidad o directamente riesgosos. Para el CPA, eso traslada el problema a la población y también la mochila económica a los gobiernos locales, que ya vienen haciendo malabares con la gestión de residuos.

Las modificaciones más pesadas, según el documento, se concentraron en 2025 y 2026, muchas de ellas habilitadas por decreto a través de facultades delegadas al Poder Ejecutivo. María Eugenia Testa, directora del CPA, fue clara al plantear que la desregulación no solo cambia las reglas del comercio, sino también la manera en que el Estado previene riesgos para la salud y el ambiente. "La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente", afirmó.

Si bien desde lo oficial estas medidas se presentan como una forma de bajar costos, agilizar el comercio y ampliar la oferta para los consumidores, el informe pone el dedo en la llaga: ¿quién controla la calidad real de lo que entra y quién responde cuando ese material termina contaminando o saturando los sistemas de recolección? El CPA advierte sobre posibles metales pesados en pilas y baterías, sustancias tóxicas en algunos plásticos, microplásticos en cosméticos e indumentaria, y hasta riesgos de seguridad en juguetes que no cumplan con estándares adecuados. "Se trata de un proceso de desregulación de baja visibilidad pública cuyos efectos más significativos probablemente se manifiesten de manera gradual en los próximos años, especialmente en materia de salud pública, gestión de residuos y protección ambiental", concluyeron desde la entidad.