El Gobierno aplicó un aumento parcial en los impuestos a las naftas y pateó el resto para agosto

El bolsillo vuelve a mirar de reojo a los surtidores. Este 1° de julio, el Gobierno oficializó una nueva movida sobre los impuestos que pesan sobre la nafta y el gasoil, pero esta vez decidió aplicar solo una parte del aumento que estaba pendiente. La jugada quedó plasmada en el Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ya empezó a regir. La firma lleva los nombres de Javier Milei, Luis Caputo y Diego César Santilli.

En concreto, la medida dispone una suba del 1% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono. El Gobierno volvió a usar la misma receta que viene aplicando desde el año pasado: patear una parte del ajuste para más adelante y dejar en marcha solo el tramo menor. Según los fundamentos oficiales, la intención es "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

Lo que no se cobró ahora no desaparece, sino que se pasa para agosto. El decreto aclara que el remanente acumulado de los años calendario 2024 y 2025, más el del primer trimestre de 2026, empezará a regir desde el 1° de agosto de 2026. O sea, habrá que esperar al menos un mes más para ver el impacto completo de esta deuda impositiva que se viene estirando desde hace rato.

Para la nafta sin plomo, tanto la de hasta 92 RON como la de más de 92 RON, y también para la nafta virgen, el impuesto sube $21,192 por litro en el tributo principal y $1,298 por litro por el componente ambiental. En el caso del gasoil, el incremento es de $18,959 por litro, con un adicional diferencial de $10,266 por litro para las zonas beneficiadas por el régimen especial, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones y Malargüe. A eso se suman $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

Este esquema no es nuevo: responde al sistema de actualización trimestral fijado por el Decreto 501/2018, que toma como referencia la inflación medida por el Indec y debería ajustarse en enero, abril, julio y octubre. La recaudación y el control quedan en manos de ARCA. En la práctica, el mecanismo suele generar un corrimiento entre lo que se calcula y lo que efectivamente termina impactando en el precio final, algo que los automovilistas ya conocen de memoria y sienten cada vez que pasan por la estación de servicio.