La Justicia frenó el intento de los exjefes de OSSE y les marcó el límite en la causa

La causa por posibles irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a mover el avispero y dejó una definición clave. El juez de Impugnación Eduardo Raed rechazó la recusación presentada contra la jueza de Garantías Mónica Lucero y ratificó que seguirá al frente del expediente. En paralelo, dejó en claro que los exjefes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, todavía no tienen el rol procesal necesario para impulsar medidas dentro de la investigación.

El planteo había sido impulsado por el abogado Mohamed Nasser Uzair, luego de que Lucero autorizara una prórroga de 90 días para que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales siga con la pesquisa preliminar. Desde la Fiscalía sostienen que todavía queda revisar bastante documentación y sumar informes que pueden ser decisivos para saber si hubo o no hechos con relevancia penal. En otras palabras, la causa sigue en una etapa bien inicial y todavía no está cerrada ninguna puerta.

Durante las audiencias previas, la jueza había dispuesto notificar a Sirerol y Ruiz porque ambos hicieron una presentación espontánea en el expediente. Pero también aclaró que eso solo los colocaba como interesados, no como partes del proceso. La defensa entendió que esa notificación les daba margen para pedir pruebas y cuestionar decisiones, aunque ese criterio fue desestimado por Raed. El magistrado sostuvo que, por ahora, no fueron incorporados como imputados y por eso no pueden pedir pericias, testimoniales ni otras medidas reservadas a quienes tienen participación formal.

Raed también remarcó que permitir una comparecencia espontánea no significa otorgar todos los derechos procesales previstos para las partes. Según la resolución, en esta instancia solo pueden pedir información sobre el avance de la investigación, sin intervenir activamente en la producción de prueba. Además del intento de apartar a Mónica Lucero, la defensa pidió que se separen los fiscales de la unidad que lleva el caso. Ese planteo deberá resolverlo el Ministerio Público Fiscal en los próximos días.

La investigación arrancó a fines del año pasado a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, que pidió revisar presuntas irregularidades en las contrataciones para la construcción del Acueducto Gran Tulum. Entre los puntos señalados, reclamó que se analice un supuesto direccionamiento de licitaciones vinculadas con la provisión de caños y la eventual responsabilidad penal de exfuncionarios de la gestión 2019-2023. Con esta resolución, la Justicia dejó firme que la pesquisa sigue bajo la conducción fiscal y que cualquier definición sobre imputaciones dependerá de lo que surja cuando termine la etapa preliminar de recolección y análisis de pruebas.