Rechazaron los planteos de la defensa en la investigación del Acueducto Gran Tulum
La jueza Mónica Lucero frenó los pedidos del abogado de Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol al entender que todavía no hay imputados en el expediente. La resolución reavivó las críticas por decisiones previas dentro de la misma causa.
La investigación por las presuntas irregularidades en la contratación y la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó este jueves un nuevo sacudón. La jueza de Garantías, Mónica Lucero, rechazó varios planteos presentados por la defensa de Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol. La decisión llegó poco después de que también le diera al Ministerio Público Fiscal una prórroga de 90 días para seguir juntando pruebas en la etapa preliminar. En el expediente, por ahora, no hay personas formalmente imputadas.
El abogado Nasser Uzair había pedido acceso a la información sobre las medidas que se están realizando y además solicitó que se incorporaran pruebas ofrecidas por la defensa. Pero la magistrada entendió que el letrado no tiene legitimación para intervenir en esta instancia, justamente porque la causa todavía no avanzó a una imputación formal. Con ese criterio, desestimó los pedidos y dejó en claro que la defensa no puede actuar como parte en esta etapa.
La resolución, sin embargo, generó ruido dentro del ámbito judicial. Según fuentes vinculadas al caso, días atrás la misma jueza había suspendido una audiencia y dispuesto un cuarto intermedio ante la ausencia del defensor, que se había presentado de manera espontánea en una investigación aún no formalizada. Después, al detectarse un problema con la notificación, el abogado fue convocado otra vez y la audiencia siguió su curso. Ese cambio de criterio abrió cuestionamientos por una posible contradicción en el modo de actuar.
Las presentaciones de Uzair se apoyaron en artículos del Código Procesal Penal y en garantías constitucionales ligadas al derecho de defensa. Mientras tanto, la pesquisa sigue bajo la conducción del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de Francisco Pizarro. La mira está puesta en determinar si hubo maniobras irregulares en la contratación y en la ejecución de la obra pública. Si aparecen elementos firmes, la fiscalía podría avanzar más adelante hacia una eventual formalización contra los sospechosos.
