El INTA sigue perdiendo personal y el recorte ya alcanzó a 757 agentes
El plan de retiros voluntarios no afloja y pega de lleno en el organismo agropecuario. Economía banca las salidas mientras crece la preocupación por el impacto en el interior del país.
El achique que impulsa el Gobierno nacional dentro de los organismos estatales ya se siente con fuerza en el INTA. Este lunes 15 de junio se sumó una nueva tanda de 380 agentes que dejó formalmente sus funciones, y así el total de desvinculaciones trepó a 757 en todo el país. La movida forma parte del programa de retiros voluntarios que empuja el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, con financiamiento directo del ministerio de Economía.
La meta oficial es clara y no deja mucho margen: bajar cerca de un 20% la planta del organismo. Hoy el INTA tiene alrededor de 5750 trabajadores y la idea es llevarlo a 4500 empleados. Para eso, Economía fijó un tope de 1200 adhesiones voluntarias, mientras siguen revisándose expedientes y se esperan definiciones sobre unos 150 casos que todavía están en análisis.
El impacto ya se siente en distintas zonas del país, sobre todo en agencias de extensión rural y estaciones experimentales del interior. Aunque todavía no hay un detalle oficial localidad por localidad, en la provincia de Buenos Aires ya aparecieron datos concretos. En Rauch, por ejemplo, se confirmó que ocho trabajadores de la agencia local se sumaron al retiro y dejaron de prestar servicios para la institución.
En el norte bonaerense, la situación también sacudió a la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. Allí fueron nueve los empleados que aceptaron la salida voluntaria, entre ellos la propia directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen. La baja en una sede clave para la fruticultura, la horticultura y el desarrollo agroindustrial del corredor del Paraná encendió alarmas en el sector productivo de la región.
Adentro del organismo, el malestar no tardó en aparecer y la discusión quedó puesta sobre la letra chica del acuerdo. Quienes aceptan el retiro cobran una compensación extraordinaria equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, en un solo pago dentro de los 30 días. Pero el Ministerio de Economía resolvió reconocer únicamente el tiempo trabajado en planta permanente, dejando bajo observaciones particulares las antigüedades acumuladas con contratos transitorios. Además, la ley marca que quienes firman su salida no podrán volver a ingresar a la administración pública nacional durante los próximos cinco años.
Con un costo fiscal que ya supera los $101.700 millones aportados por las arcas que conduce Luis Caputo, el plan abre una incógnita grande sobre el futuro operativo del INTA. En el campo y entre las entidades agropecuarias ya miran con preocupación cuánto puede afectar este recorte la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el sostén científico para las próximas campañas.
