La Rosada apura la reforma de convenios y mete presión sobre paros y aportes
El Gobierno quiere reordenar miles de acuerdos laborales y abrir la discusión por región o empresa. Los gremios ya encendieron las alarmas por el impacto en huelgas, descuentos sindicales y puestos de trabajo.
Después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno aceleró la revisión de los convenios colectivos y puso sobre la mesa varios cambios de peso. La mira está puesta en discutir por región o por empresa, limitar los descuentos obligatorios y las cuotas solidarias sin consentimiento expreso del trabajador, y también achicar el margen de las medidas de fuerza al declarar algunas actividades como "servicios esenciales".
En la Argentina hay cerca de 3.000 convenios entre nacionales, regionales y de empresa. En un primer momento, desde el ministerio de Capital Humano habían proyectado actualizar unos 1.500, pero finalmente el número quedó en 446. Entre los más sensibles aparecen sectores como Comercio, Camioneros, Encargados de Edificios, UTA, Bancarios y Marítimos y Portuarios, entre otros.
Según se informó, la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo puso en marcha el procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral n° 27.802 y en el artículo 4° in fine del Decreto 407/2026. A partir de eso, la cartera que conduce Sandra Pettovello ordenó llamar a gremios y empresarios para discutir convenios vencidos, incluso aquellos que ya fueron retocados en paritarias.
En el Gobierno aseguran que el debate apuntará a adaptar las condiciones laborales a las nuevas tecnologías y necesidades de cada unidad productiva. En ese esquema aparece el llamado salario dinámico, que suma bonos o beneficios según el desempeño. También quieren empujar negociaciones por empresa o por región, restándole peso a los convenios marco nacionales. Del otro lado, los sindicatos ven otra intención: limitar el derecho a huelga, achicar protestas como asambleas o quite de colaboración y fijar porcentajes mínimos de cobertura durante los paros para actividades consideradas de importancia trascendental.
La jugada oficial, sin embargo, choca con un problema bien concreto: la falta de personal en la propia secretaría de Trabajo. La motosierra también pasó por ahí y dejó a la dependencia con menos margen para moverse. Su titular, Julio Cordero, reporta tanto a Pettovello como al ministro de Economía, Luis Caputo, que además marca el techo de las paritarias en un 2%. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste con cerrar delegaciones y desprenderse de empleados con experiencia, una combinación que puede trabar la revisión que pretende hacer a toda velocidad.
En los pasillos de la CGT ya tomaron nota y activaron a sus abogados. También hubo contactos con cámaras empresariales, porque todos saben que una negociación por empresa puede abrir un escenario más áspero y con actores más duros. Un vocero gremial fue tajante: "No homologan los acuerdos salariales y hay pilas de expedientes acumulados, imaginate si van a avanzar en la revisión de los convenios sin que cometan errores groseros". La advertencia quedó flotando, bien clara, en medio de una pulseada que recién arranca.
Desde ATE, en tanto, declararon el estado de alerta y movilización frente al "desguace" de la secretaría de Trabajo. El gremio denuncia la amenaza de cierre de sus 43 delegaciones y el despido de todo el personal a nivel nacional. Ya hicieron un abrazo al histórico edificio de Azopardo 650 y avisaron que seguirán en pie de lucha. En la organización remarcan que hay unos 1.500 empleados en el área, muchos con contratos que se renuevan cada tres meses, lo que los deja en una situación de enorme fragilidad.
