Dólares guardados, menos trabas y un plazo que corre: así viene el nuevo plan oficial

El Gobierno sigue moviendo fichas con una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una propuesta que apunta a darle más aire a los contribuyentes y a empujar al circuito formal esos ahorros que siguen afuera del sistema, los conocidos "dólares del colchón". El texto todavía debe pasar por el Congreso, pero ya trae cambios pesados sobre el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, recorta algunas herramientas de control de ARCA y fija reglas nuevas para quienes decidan poner sus fondos en regla. La intención oficial es clara: sacar dudas del medio y tentar a más gente para que se sume sin miedo.

La propuesta incorpora observaciones que tributaristas le acercaron semanas atrás al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de ARCA, Andrés Vázquez. Entre los puntos más salientes aparece la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio, algo que abre muchísimo más el juego para entrar al régimen. También se da lugar a los grandes contribuyentes, aunque con beneficios recortados, y se fija una ventana hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. En la práctica, el proyecto busca ordenar el panorama y dar una señal fuerte a quienes todavía guardan plata fuera del sistema.

Otro cambio clave es el que toca a Bienes Personales: los fondos exteriorizados pasarán a contarse dentro del patrimonio recién desde el momento en que se usen o ingresen al sistema formal. Además, las operaciones inmobiliarias quedan mejor cubiertas por la ley, incluso con pagos en efectivo en escrituras públicas hasta fin de 2027. Según César Litvin, de Lisicki, Litvin & Asociados, esto permite que muchas más personas entren al régimen sin quedar atrapadas por límites que antes achicaban demasiado el universo de adherentes.

La iniciativa también le pone un freno a ciertas presunciones que el fisco venía usando para discutir depósitos o incrementos patrimoniales. En adelante, ARCA deberá probar las inconsistencias con información concreta y no podrá apoyarse en cualquier indicio suelto. A la vez, se endurece el criterio para hablar de "discrepancia significativa", se habilita corregir errores sin perder los beneficios y se prevén devoluciones, perdón de multas y un rol más favorable de la UIF. Igual, los tributaristas avisan que la letra chica todavía deja un margen de riesgo: cualquier diferencia mínima en retenciones, percepciones o pagos a cuenta podría hacer tambalear los beneficios si no se fija un piso de tolerancia más claro.