Buscan castigar más fuerte a los funcionarios que delinquen en el cargo

La diputada nacional Yamila Ruiz, del bloque Innovación Federal, presentó un proyecto de ley que apunta a endurecer las condenas para los funcionarios públicos que cometan delitos mientras estén en funciones o en ocasión de su cargo. La propuesta plantea incorporar el artículo 41 sexies al Código Penal, con un aumento de un tercio en la escala penal, tanto en el mínimo como en el máximo. Ese plus también alcanzaría a los delitos en grado de tentativa.

El alcance es amplio y no deja afuera a casi nadie: comprende desde presidente y vicepresidente hasta legisladores, gobernadores, intendentes, concejales y ministros de los distintos niveles del Estado. Según el texto, el agravante regirá durante todo el mandato, incluso si en ese momento la persona no está cumpliendo una tarea formal. Eso sí, no se aplicará cuando la propia figura delictiva ya tenga una agravante específica por esa condición.

En los fundamentos, Ruiz sostiene que la medida busca reforzar la responsabilidad, la transparencia y la confianza de la gente en las instituciones. La legisladora remarca que, cuando un delito es cometido por alguien que ejerce poder público, el golpe sobre el sistema democrático es mucho más profundo. Además, aclara que la iniciativa no se limita a hechos contra la administración pública, sino que abarca todos los delitos previstos en el Código Penal.

La propuesta también se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina para combatir la corrupción, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambos tratados impulsan sanciones más severas para este tipo de conductas, en línea con el espíritu del proyecto que ahora empezó a moverse en el Congreso.