La causa Global Market suma tensión y ahora discuten dónde debe seguir la investigación
La querella fue contra el pase del expediente al fuero federal y busca que todo siga en San Juan. En paralelo, crece la disputa entre los damnificados por el camino más efectivo para rastrear el dinero denunciado como perdido.
La investigación por las presuntas maniobras financieras ligadas a Global Market volvió a mover el avispero y tiene en alerta a decenas de inversores que todavía esperan una explicación clara sobre el destino de sus ahorros. En las últimas horas, una parte de la querella decidió ir contra la resolución que sacó a la Justicia provincial del expediente y pretende que la causa siga su curso en San Juan.
La movida fue impulsada por la abogada Vanesa Laciar, junto con otro representante de los damnificados, quienes sostienen que lo denunciado encuadra en una presunta maniobra defraudatoria común. Bajo esa mirada, entienden que los tribunales locales deben continuar al frente de la pesquisa y no dejarla en manos federales.
El conflicto se desató después de que el magistrado a cargo resolviera enviar las actuaciones al fuero federal, una decisión que abrió una fuerte discusión incluso entre los propios querellantes. Mientras algunos creen que conviene mantener la investigación en la órbita provincial para acelerar medidas y seguir el rastro del dinero, otros consideran que la complejidad del caso exige intervención federal. La interna, a esta altura, está más viva que nunca.
En paralelo, hay otro frente que también genera expectativa. Ya fue designado un juez de Impugnación para revisar un recurso presentado contra la negativa a ordenar varias medidas pedidas al inicio de la causa. Entre esos planteos figuraban allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y restricciones de libertad para algunos de los principales señalados.
La causa tomó enorme repercusión en la provincia a partir de las denuncias de numerosos inversores que aseguran haber entregado sumas importantes de dinero para entrar en supuestos negocios financieros con promesas de alta rentabilidad. Con el correr del tiempo, los reclamos se multiplicaron cuando intentaron recuperar el capital y se toparon con serias trabas.
Entre los nombres que quedaron bajo la lupa aparecen Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, en una investigación que busca reconstruir el recorrido de los fondos aportados por los inversionistas. Una de las hipótesis que manejan los denunciantes apunta a que una parte relevante de ese dinero habría terminado en emprendimientos empresariales vinculados a los propios investigados.
Uno de los momentos que encendió aún más la preocupación fue el intento de una firma constructora de recuperar una cifra millonaria invertida. Según trascendió en las audiencias judiciales, la empresa no habría podido disponer de esos recursos por la existencia de activos de difícil realización, un dato que dejó a varios clientes con la guardia alta.
Con cada nueva presentación, también crece la incertidumbre sobre el monto total del perjuicio económico. Las estimaciones que circulan hoy hablan de alrededor de 4.000 millones de pesos, aunque algunos abogados del expediente creen que la cifra podría ser todavía más alta. Ahora todas las miradas están puestas en las próximas decisiones judiciales, que serán claves para definir el rumbo de la causa y saber si, finalmente, aparece el dinero que tantos reclaman.
