El paro universitario podría dilatar histórico acuerdo con La Rioja para relevamiento de Glaciares
La Universidad Nacional de San Juan está a un paso de firmar un convenio para realizar el inventario de glaciares en la vecina provincia. Sin embargo, la medida de fuerza docente y no docente podría complicar la aprobación administrativa necesaria para concretar el histórico acuerdo.
Tal como quedó claramente establecido en el debate de la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso, la Universidad Nacional de San Juan es ejemplo en el trabajo de relevar, inventariar y hacer seguimiento de esos cuerpos de hielo en cordillera. Después de la conflictiva disputa entre funcionarios de La Rioja y San Juan por insólitos reclamos limítrofes de Quintela en la zona de yacimientos mineros, que derivó en el acuerdo con el proyecto Vicuña, los vecinos del norte apelan ahora a la experiencia de profesionales sanjuaninos para realizar el inventario de glaciares, paso previo a garantizar a eventuales inversores su futura producción.
Las gestiones están avanzadas, pero restan procedimientos legales para firmar el convenio definitivo. Es que el paro que se extiende indefinidamente ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo el quorum de los consejeros en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas Y naturales que debe firmar el acta complementaria ésta semana. Las autoridades de esa unidad académica dan por hecho la aprobación del documento que habilitaría el convenio final pero dudan de la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo.
Si se sortea esa instancia, aún no está definido si el acuerdo se firmará en La Rioja o en San Juan. El acto final estaría encabezado por los ministros de Minería y de Ambiente de la vecina provincia y por el rector y el decano de exactas de la UNSJ.
Si el acuerdo se firma en San Juan y la universidad invita a autoridades gubernamentales, se podrían ver cara a cara los funcionarios de ambas provincias protagonistas de cruces verbales en función del reclamo territorial.
La histórica vecindad entre San Juan y La Rioja ha estado marcada por tensiones de soberanía territorial y distribución de recursos hídricos y económicos. Estas disputas escalaron hace unos días debido al potencial de la minería cordillerana y el turismo regional. Fue la ley 18.004 de 1968 la que fijó formalmente el límite interprovincial. La Rioja cuestiona la legitimidad constitucional de esta norma, argumentando que le costó soberanía sobre sectores estratégicos.
El emblemático Valle de la Luna quedó bajo jurisdicción sanjuanina tras la delimitación de 1968. La Rioja ha planteado reclamos de revisión limítrofe e incluso la posibilidad de esquemas de administración compartida por su contigüidad con el Parque Nacional Talampaya. Por otra parte la zona del cerro El Potro, donde se asientan megaproyectos mineros como Josemaría y Filo del Sol, es el foco de tensión actual. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha reclamado judicialmente la soberanía y la participación en las regalías de estos yacimientos.
La gestión de Marcelo Orrego y los anteriores gobiernos sostienen que los límites provinciales están plenamente vigentes, consolidados en democracia por leyes posteriores y ratificaciones institucionales. Defienden que la soberanía sobre Josemaría es indiscutible para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones mineras.
