Baigorrí endurece el control sobre las causas por corrupción y pide informes cada dos meses
La Fiscalía General ordenó un seguimiento más fino de los expedientes contra funcionarios y exigió reportes periódicos sobre su avance. La mira está puesta en que no se frenen las investigaciones más sensibles.
El fiscal general Guillermo Baigorrí marcó la cancha y dejó asentado que las causas por corrupción cometidas por funcionarios contra el Estado son una prioridad. En una resolución reciente, sostuvo que se trata de una exigencia de tratamiento primordial y de una decisión que el Ministerio Público no piensa aflojar. La señal es clara: los expedientes por delitos contra la administración pública van a tener seguimiento fino y constante.
En ese marco, les pidió a los fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales que eleven informes bimestrales sobre los legajos en trámite, sus avances y la estrategia a seguir. La idea, según quedó plasmada en la Resolución General N°22, es evaluar el funcionamiento del organismo y revisar si las causas avanzan como corresponde. Los reportes serán confidenciales y deberán presentarse todos los años en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, dentro de los primeros 15 días corridos.
La documentación tendrá que incluir datos bien concretos: cantidad de personas investigadas, descripción del caso, estado procesal, si hay querellantes y cuáles son los pasos futuros o la estrategia persecutoria prevista. Todo eso irá a la Secretaría Penal de Fiscalía General, integrada por Fabián Melo, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta. Desde ese sector harán la evaluación del desempeño de la UFI, con un criterio de preferente despacho, es decir, con prioridad. Si hubo movimiento, quedará asentado; y si no lo hubo, también.
Baigorrí viene empujando esta línea desde hace meses. En abril ya había ido a la Corte de Justicia para pedir que interviniera ante la Cámara Penal y comparta información sobre los juicios por corrupción que todavía siguen bajo el viejo sistema penal. En el caso más resonante, el de las presuntas irregularidades en la compra, los tipos de caños, el pago y la construcción del Acueducto Gran Tulum, reforzó el equipo investigador con dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales. La apuesta es revisar la prueba a fondo y definir si hubo delito y responsables penales.
La resolución también alcanza otros expedientes sensibles. Uno de ellos es el juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, fue a la Corte para reactivar el debate, que quedó frenado por la Cámara Penal hasta que exista sentencia firme en otra causa nacida por una denuncia de la propia representante del Ministerio Público. Según se planteó, los concejales habían avalado una ordenanza para que Castro reparara el daño con un aporte de 5 millones de pesos para Cáritas de Angaco, algo que la fiscal consideró una maniobra ilegal. En medio de ese tironeo judicial, Baigorrí respaldó a Gerarduzzi y volvió a insistir en que la información sobre estas causas es clave para que la sociedad tenga una respuesta a la altura de lo que se investiga.
