Las universidades apuran al Gobierno por fondos y salarios

En un clima cada vez más caliente entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, rectores, gremios y estudiantes volvieron a poner el grito en el cielo por los fondos que faltan y por la necesidad de reabrir ya mismo las paritarias. El reclamo apunta a recomponer los sueldos de docentes y no docentes, que vienen sintiendo el golpe fuerte en el bolsillo. La exigencia fue clara: que se cumpla de una vez la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo salió a través de un comunicado conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Allí pidieron una "apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional" para aplicar la norma en forma completa y asegurar que el sistema universitario público siga funcionando. También reclamaron la actualización de las becas estudiantiles y reglas claras para que los recursos lleguen a tiempo a las universidades, a las obras de infraestructura y a las áreas de ciencia y técnica.

Desde el sector remarcaron un dato que pesa fuerte: cerca del 90% del gasto total de las casas de estudio se va en salarios de docentes y trabajadores no docentes, entre personal administrativo y de mantenimiento. En ese marco, advirtieron que no hay margen para seguir estirando la situación sin consecuencias. La presión crece y el malestar también, porque el funcionamiento cotidiano de las universidades depende de esos fondos.

Otro foco de preocupación son los hospitales universitarios. Las autoridades señalaron que el Gobierno nacional todavía no transfirió los recursos previstos en el Presupuesto 2026 y fueron tajantes al marcar que "El Gobierno no ha girado aún cuota alguna". En paralelo, trascendió que el Ejecutivo ofreció enviar los fondos contemplados en su proyecto para modificar la ley vigente y bajar el impacto fiscal. Pero la propuesta reconoce solo la pérdida salarial de 2025 y deja afuera la que se arrastra desde 2023, que es justamente una de las principales quejas del sector.

Como parte de esa negociación, las universidades deberían levantar la cautelar presentada contra el Estado nacional, un expediente que ahora espera la definición de la Corte Suprema. Esa demanda judicial exige que se cumplan los aumentos salariales y las actualizaciones de becas fijados por la ley, de acuerdo con la inflación medida por el IPC. Si la Justicia falla en contra del Ejecutivo, el Estado podría verse obligado a desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos para cubrir las partidas reclamadas por las universidades.