San Juan: cerraron dos geriátricos clandestinos con 26 adultos mayores alojados
Tras denuncias por funcionamiento irregular, Salud Pública intervino dos residencias y puso la lupa sobre los controles. Las familias tienen un plazo para reubicar a los abuelos y pueden consultar qué lugares están habilitados.
El Ministerio de Salud de San Juan confirmó la clausura de dos residencias para adultos mayores que funcionaban de manera irregular en la provincia. La medida llegó después de varias denuncias y de inspecciones que encontraron a personas mayores viviendo en esos lugares. Según explicó Gastón Jofré, secretario de Control y Planeamiento de Salud, primero se detectaron tres establecimientos bajo sospecha, pero uno ya no estaba en actividad. Los otros dos quedaron cerrados y las actuaciones pasaron al Tribunal de Faltas.
El funcionario precisó que en uno de los sitios había 14 residentes y en el otro 12, por lo que en total eran 26 adultos mayores alojados al momento del operativo. Ahora, las familias tendrán 15 días para reorganizar el alojamiento de sus seres queridos. Desde la cartera sanitaria remarcaron que estas instituciones deben cumplir con una larga lista de exigencias para poder abrir y seguir funcionando sin problemas. Entre ellas figuran condiciones de habitabilidad, sistemas contra incendios, controles médicos, personal de enfermería y la documentación correspondiente.
Jofré también detalló que en San Juan hay actualmente 36 residencias para adultos mayores, aunque solo 27 cuentan con la habilitación al día. Las autorizaciones definitivas duran tres años y, aun así, los controles pueden hacerse en cualquier momento. "Los adultos mayores merecen lo mejor y las instituciones deben cumplir con todos los requerimientos", sostuvo el secretario. Además, pidió no mirar para otro lado ante situaciones de destrato o irregularidades y recordó que las denuncias pueden hacerse en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, en el tercer piso del Centro Cívico, o al teléfono 4305819.
Desde Salud explicaron que la fiscalización se realiza con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de enfermería, trabajo social, farmacia y medicina. Ese grupo controla la alimentación, la atención sanitaria y las condiciones generales de cada residencia. La idea, remarcaron, es sostener una vigilancia permanente para que los abuelos estén en lugares seguros y con la atención que corresponde.
