El Gobierno armó una mesa especial para cuidar proyectos del RIGI de las bandas criminales
La Nación puso en marcha un nuevo espacio para detectar riesgos, proteger obras clave y coordinar acciones con provincias y empresas. La mira está puesta en el narcotráfico, el lavado y otras maniobras que pueden meterse donde hay mucha plata en juego.
El Gobierno nacional oficializó la creación de una Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI, con una misión bien clara: anticiparse a los riesgos que puedan traer el narcotráfico y la criminalidad organizada sobre proyectos considerados vitales para la economía. La medida quedó plasmada en la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a reforzar la prevención en desarrollos de gran escala. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que, cuando hay mucho capital y logística compleja, también aparecen intereses bien pesados alrededor.
Según la normativa, este nuevo ámbito va a trabajar sobre la detección temprana de amenazas, la protección de infraestructura crítica y la prevención de que economías ilegales se cuelen en entornos productivos estratégicos. El texto oficial advierte que los proyectos alcanzados por el RIGI suelen mover corredores logísticos, cadenas de suministro y obras sensibles, un combo que puede ser aprovechado por redes delictivas para maniobras como lavado de activos, extorsión o ingreso de capitales de origen ilegal. La idea, en criollo, es que no se les haga fácil meter mano donde hay inversiones millonarias en juego.
La Mesa tendrá facultades para impulsar acciones coordinadas, emitir recomendaciones, proponer líneas de prevención y elaborar diagnósticos integrales de riesgo sobre los proyectos incluidos en el régimen. Además, funcionará como un espacio federal permanente, con participación de jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que tengan competencia en seguridad y coordinación del RIGI. El Gobierno también habilitó el vínculo directo con el sector privado, algo clave para que empresas, cámaras, concesionarios, contratistas y operadores logísticos puedan intercambiar información y sumar prevención sin vueltas.
La estructura estará integrada por áreas centrales del Ministerio de Seguridad Nacional: la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. También podrán sumarse organismos provinciales, la SEDRONAR, el Ministerio de Economía y otras áreas que se consideren necesarias según cada caso. La coordinación de las reuniones quedará en manos de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, junto con la Secretaría de Seguridad Nacional, mientras que el Centro Regional y la Unidad Antimafia aportarán el costado técnico para ordenar y analizar la información sobre amenazas criminales.
En el cierre, la resolución aclara que la cooperación con empresas será voluntaria, sin imponer nuevas obligaciones más allá de las que ya marca la ley. Aun así, el Gobierno empuja protocolos sectoriales, capacitaciones, canales formales de reporte y mecanismos de coordinación permanente para proteger proyectos de energía, minería e infraestructura. Con esta movida, la administración suma otra capa de control sobre el RIGI, en un escenario donde busca atraer inversiones pesadas sin dejar la puerta abierta a que las bandas hagan negocio al costado.
