Mendoza se adelanta y ya arma el operativo por la baja de imputabilidad a 14 años
La provincia empezó a mover fichas para adaptar su sistema penal juvenil antes de septiembre. La reforma promete más casos bajo la mira de la Justicia y un trabajo express en todos los frentes.
Desde septiembre empezará a regir en la Argentina la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación que sacude de lleno al sistema penal juvenil y abre un debate pesado en todo el país. En ese contexto, Mendoza ya se puso en marcha y empezó a ordenar el terreno para no quedar a contramano cuando la norma entre en vigencia. La movida busca llegar con todo aceitado antes del cambio.
Este martes se concretó la primera reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para ajustar el esquema provincial a la nueva ley. Desde el Gobierno mendocino aseguran que la provincia parte con cierta ventaja frente a otras jurisdicciones, porque ya tiene un régimen penal juvenil activo y estructuras judiciales pensadas para menores. Aun así, admiten que habrá que retocar procedimientos y afinar la coordinación entre áreas para que el sistema no se vea desbordado.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, sostuvo que Mendoza tiene "ventaja" para aplicar el nuevo esquema, aunque dejó claro que el desafío será grande. Con la reforma, no solo baja la edad de imputabilidad, sino que también se amplía el listado de conductas que podrán llegar a la Justicia juvenil. Amenazas, lesiones, daños y hurtos simples, que hasta ahora quedaban afuera en menores, pasarán a ser materia de intervención judicial.
En el sistema ya prenden las alarmas porque eso puede traducirse en más expedientes, más seguimiento y una presencia más fuerte del Estado sobre adolescentes en conflicto con la ley. La norma fija un plazo de 180 días para su aplicación plena, así que provincias y organismos deberán reacomodar recursos, equipos interdisciplinarios, lugares de alojamiento y programas de acompañamiento. En Mendoza, buena parte de esa base ya existe bajo la órbita de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA), lo que podría amortiguar el golpe inicial.
La apuesta oficial es priorizar medidas alternativas al encierro, con seguimiento, tratamientos y restricciones antes que una respuesta puramente punitiva. Sin embargo, dentro del propio sistema reconocen que el punto más delicado será evitar que la reforma termine empujando a los más chicos a una lógica de castigo sin matices. En otras palabras: el cambio ya está en marcha y, en Mendoza, nadie quiere que los agarre la corrida.
