Condena millonaria por bullying: la Provincia bonaerense deberá responder por mirar para otro lado

La historia de J.A.M. expuso una postal durísima: un alumno que fue hostigado durante años en la escuela y frente al que, según la Justicia, adultos y autoridades eligieron no actuar. Ese silencio tuvo consecuencias pesadas y ahora el Gobierno bonaerense deberá pagar una indemnización que supera los 20 millones de pesos. El fallo también dejó un mensaje claro para todo el sistema educativo: no alcanza con mirar para otro lado cuando la violencia escolar se instala en el aula.

Todo empezó entre 2011 y 2012, cuando el chico cursaba sus primeros años de secundaria en la Escuela Técnica N.º 1 "Mariano Moreno" de Chivilcoy. Según quedó acreditado, era un estudiante aplicado, con buenas notas y sin meterse en líos, pero eso no frenó las agresiones. Los ataques fueron desde empujones e insultos hasta amenazas y golpes, al punto de que incluso llegaron a filmarlo mientras lo maltrataban. El episodio más grave ocurrió en clase de Ciudadanía, cuando le pegaron con un borrador en la cara y el docente, en vez de intervenir con firmeza, le preguntó si quería ir al baño a lavarse y siguió con la clase.

La reacción institucional fue tan floja como preocupante. En lugar de sancionar a los agresores, desde la escuela le propusieron a la familia cambiarlo de turno, como si el problema fuera el chico lastimado y no quienes lo atacaban. Para colmo, la inspectora zonal minimizó lo ocurrido y lo atribuyó a "actitudes propias de la adolescencia". Con el correr del tiempo, el hostigamiento se agravó: lo escupían, lo golpeaban y lo humillaban delante de otros. La situación lo llevó a dejar de asistir y a caer en una depresión profunda, con peritajes que hablaron de neurosis fóbica moderada y trastorno fóbico de ansiedad severo, además de un tratamiento psiquiátrico domiciliario por el riesgo de autolesiones.

El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mercedes, a cargo de Luis Oscar Laserna, fue tajante. El magistrado consideró que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires invisibilizó el problema y naturalizó la violencia entre compañeros, permitiendo que todo siguiera como si nada. También rechazó el intento de Provincia Seguros S.A. de correrse del caso con argumentos de póliza, y ordenó que responda en la medida del seguro. Además, dispuso una actualización del monto con base en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, para que la inflación no licúe la reparación. El mensaje quedó clarito: cuando el Estado no protege, después la cuenta llega igual.