Figuerola tiene en sus manos si el expediente Global Market sigue en la Justicia local o va al fuero federal
Este martes se espera una resolución clave en la investigación por presuntas maniobras financieras que habrían dejado a varios inversores con fuertes pérdidas. La fiscalía apunta a operaciones de riesgo y a un circuito que, según la acusación, no era el que les prometían a los ahorristas.
La investigación por las operaciones de Global Market entró en una instancia pesada y decisiva. Este martes, el juez de Garantías Javier Figuerola deberá resolver si la causa sigue en la Justicia provincial o si pasa al fuero federal, como pidió la fiscalía. En el centro del expediente aparecen los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, señalados por el uso de fondos de ahorristas para mover negocios ligados a firmas propias y familiares.
Según la hipótesis del fiscal Nicolás Alvo, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el dinero habría terminado en inversiones de alto riesgo que dejaron un tendal de pérdidas. La acusación sostiene que la empresa captaba clientes conservadores, gente que buscaba cuidar su capital con instrumentos seguros, pero que después sus fondos fueron desviados a maniobras que no encajaban con ese perfil. Entre los movimientos bajo la lupa figuran los llamados "Pases No Garantizados", realizados a través de una minera vinculada a los propios investigados.
También se revisan compras de cheques electrónicos emitidos por una empresa relacionada con familiares de uno de los empresarios, que fueron rechazados por falta de fondos. A eso se suma el rol de Rosario Valores SA, la firma que intervenía en la custodia y liquidación de las operaciones financieras. Para la fiscalía, todo ese circuito debió ser advertido por quienes participaron del esquema. Además, se analizan contratos de mutuo firmados por inversores que, según la acusación, creían estar tratando con una financiera autorizada cuando en realidad el vínculo era con una minera no habilitada para captar fondos.
Con denuncias de damnificados, pedidos de medidas cautelares y un clima cada vez más tenso, la definición sobre la competencia judicial se vuelve central. Lo que resuelva Figuerola marcará el rumbo de una de las causas económicas más sensibles de los últimos meses en San Juan.
